La vicepresidenta Victoria Villarruel decidió mantener cerrado el recinto del Senado al menos hasta la semana próxima para evitar que el kirchnerismo, en alianza con algunos legisladores de la UCR, rechace el decreto 846/24 que habilita al Gobierno a canjear bonos de la deuda pública sin autorización del Congreso. Así, la parálisis legislativa de la Cámara alta se extenderá a dos meses, desde la ya lejana última sesión celebrada el pasado 26 de septiembre.
Tras el fracaso de la semana pasada de la oposición en su intento de derogar el decreto en la Cámara baja, Villarruel y sus colaboradores se mantienen alertas ante la posibilidad de que la bancada de Unión por la Patria, que conduce José Mayans (Formosa), intente abrir el recinto de manera sorpresiva y sin el tradicional acuerdo de labor parlamentaria, reunión de los jefes de bancada en la que se acuerda el temario, el día y la hora de cada sesión.
“Estamos con la guardia alta, no nos podemos confiar”, afirmó un colaborador del área legislativa del Senado cuando LA NACION le preguntó si, tras el frustrado intento en la Cámara de Diputados, perdía fuerza la posibilidad de que la jugada se replicara en la Cámara alta.
Según los planes que maneja la presidenta del Senado, la próxima sesión sería el jueves 28 de noviembre, casi al filo del cierre del periodo de sesiones ordinarias del Congreso, que operará dos días después. A partir de diciembre y hasta el 28 de febrero, el Poder Legislativo sólo funcionará en sesiones extraordinarias, lapso del año en el que el temario lo impone el Poder Ejecutivo.
Hasta el momento, en esa eventual última sesión del período ordinario se podrían tratar la denominada “Ley Antimafia” que impulsa la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para endurecer penas y ampliar herramientas legales en la lucha contra el crimen organizado, la prórroga del plan de entrega voluntaria de armas y una serie de ascensos militares propuestos por el Poder Ejecutivo.
Un día antes, el 27 de noviembre, está previsto que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se presente para dar su primer informe de gestión ante el Senado, el segundo ante el Congreso desde que asumió el cargo de ministro coordinador del gobierno de Javier Milei. Hasta el momento, la reunión no está convocada de manera oficial.
El temor de Villarruel a que si convoca a una sesión la oposición podría rechazar el decreto 846/24 tiene bases sólidas. La presidenta del Senado y sus colaboradores más cercanos del área parlamentaria ya están avisados que a los 33 senadores de Unión por la Patria, que asegura tener alineados Mayans, se sumarían al menos cuatro miembros de la UCR que no responden a gobernadores provinciales y que no están de acuerdo con que el Gobierno pueda manejar la deuda pública a espaldas del Congreso y sin cumplir con las ley de Administración Financiera.
En un principio, el kirchnerismo planeaba dar un golpe de efecto y forzar una sesión la semana pasada. Esperaban contar con el impulso del éxito del rechazo del DNU 846/24 en Diputados en la sesión que habían convocado el último martes. Pero el Gobierno negoció con gobernadores y logró desactivar la jugada en la Cámara baja.
Esto cambió por completo los planes de la bancada que conduce Mayans que sin el empuje de un rechazo en Diputados perdió el apoyo de los radicales. “No nos vamos a sumar a una jugada sorpresiva impulsada por el kirchnerismo”, fue el mensaje que enviaron los senadores el centenario partido que, no obstante, aclararon que sí apoyarán el rechazo del DNU si el tema se plantea en una sesión ordinaria.
La intención de la conducción de Unión por la Patria, que no es compartida por todos sus miembros, era reunir una mínima masa crítica de 37 senadores y con ese número bajar al recinto y habilitar una sesión. Quienes sostienen esta teoría aseguran que no hace falta ninguna convocatoria de la Presidencia ni reunión de presidentes de bloque para citar a una reunión porque en su sesión preparatoria de febrero último el pleno votó y habilitó los miércoles y jueves como días de sesión.
“El recinto es soberano”, afirmó un legislador de la bancada kirchnerista para avalar la postura de quiénes pretenden sorprender al oficialismo con la guardia baja y hacerse presentes en el recinto.
Entre los colaboradores de Villarruel, sin embargo, las posturas están divididas. Hay quienes aseguran que la jugada kirchnerista tendría sustento legal y reglamentario. En la vereda opuesta se sostiene que la citación a sesión es necesaria, como mínimo para tener reglas de juego clara en el Senado. “Con el criterio de Unión por la Patria se juntan 37 senadores sin avisar a nadie y te aprueban lo que quieren sin debate, desde los pliegos de Lijo y García-Mansilla hasta la necesidad de la reforma de la Constitución”, explican.
