Las universidades nacionales enfrentarán desde mañana un paro de 72 horas impulsado por los gremios docentes de todo el país, quienes reclaman la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario, recientemente sancionada por el Congreso. La medida, que paralizará la actividad académica y administrativa, responde a la demanda por una recomposición salarial y la exigencia de que el Gobierno ejecute lo establecido por la normativa, cuyo cumplimiento permanece pospuesto por el Poder Ejecutivo.
La ley de financiamiento universitario fue aprobada por el Congreso luego de una larga discusión a lo largo del año, que incluyó el veto del presidente Javier Milei y la posterior ratificación por parte de los legisladores nacionales, que impusieron la norma por sobre la voluntad del jefe de Estado.
Al anuncio había sido realizado el fin de semana por Conadu y Conadu Histórica. Representantes sindicales advierten que la vigencia de la ley es indispensable para frenar el deterioro de las condiciones laborales y sostener el sistema público de enseñanza superior. El dictado de clases y las tareas de investigación quedarán suspendidos, en tanto los gremios preparan una consulta nacional para definir la profundización del plan de lucha en las próximas semanas.
Desde la sanción de la Ley de Financiamiento y ante la inacción del Gobierno, la tensión escaló entre las organizaciones sindicales y la administración encabezada por Javier Milei. Según informaron desde la Federación Universitaria Argentina (FUA), la falta de actualización de los salarios y la demora en transferencias presupuestarias ya impactan en el funcionamiento diario de las universidades estatales, mientras crece la preocupación por el futuro de la educación pública y el inicio del ciclo lectivo 2026.
La secretaria de la FUA, Pilar Barbas, manifestó que el conflicto salarial continúa sin resolución y remarcó que, después de múltiples manifestaciones, “no se logró que el Presidente quiera cumplir con la ley”. Barbas calificó de inaceptable la posición oficial: “Hay que dejar de decir que no hay plata porque este Gobierno decidió el desfinanciamiento de las universidades nacionales y públicas y dejó de destinar recursos a los pagos de la deuda”, dijo a NA. Además, Barbas sostuvo que el plan de ajuste oficial atenta contra la universidad pública, los hospitales y los derechos laborales, insistiendo en que la comunidad educativa “debe profundizar las protestas contra la reforma laboral”.
Por la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD – UBA), Ileana Celoto aseguró, en declaraciones difundidas por NA, que el objetivo de la huelga “es frenar el vaciamiento de la educación pública”. Celoto explicó que posponer la plena vigencia de la Ley de Financiamiento resulta “anticonstitucional” y que la deuda ya acumulada con los docentes es del 44% de sus salarios, reclamando que se ejecute lo estipulado por la norma sin más demoras.
A finales de octubre, el Poder Ejecutivo promulgó la legislación de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica, pero decidió suspender su ejecución hasta tanto el Congreso Nacional determine las fuentes específicas que sustenten el gasto. De acuerdo a la resolución oficial, “toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos; en caso contrario quedará suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional”.
La respuesta gremial no se limitó al paro. La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) puso en marcha una consulta nacional abarcando docentes, investigadores, personal de apoyo académico y estudiantes. Según lo informado por la propia federación, el propósito es “fortalecer el plan de lucha por mejoras salariales y mayor financiamiento”, definiendo colectivamente los próximos pasos gremiales y sancionando nuevas medidas de fuerza en caso de que el Gobierno no abra negociaciones paritarias.
La consulta, que incluye asambleas de base y foros locales en todas las universidades nacionales, fue respaldada públicamente por Ricardo Petraglia, secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Avellaneda (ADUNA). Petraglia detalló que la próxima semana se reunirán afiliados en asamblea para considerar alternativas del plan de lucha, y que el proceso busca articular las metodologías de los distintos sindicatos de base, subrayando que “la idea es que sea parte de una consulta nacional donde todos los sindicatos de CONADU pongan en consideración los pasos a seguir, y así tomar mancomunadamente y unificadamente las próximas medidas”.
