La Justicia suspendió las elecciones convocadas para el 11 de enero en el Sindicato de Camioneros de Corrientes, cuya conducción está alineada a nivel nacional con Hugo Moyano, al hacer lugar a una acción de amparo presentada por una lista opositora, que denunció presuntas irregularidades en la convocatoria electoral, falta de transparencia, exclusión de afiliados y violación del derecho a la participación democrática.
La sentencia, dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, con Competencia Laboral de Monte Caseros, a cargo de Amelia Itatí Olivieri, pone en suspenso la votación y agrega un elemento de incertidumbre en el gremio que conduce Angel “Wallas” Díaz, que, además, está en el centro de una serie de denuncias por malversación de fondos y una escalada de tensiones internas que ya había llevado en octubre al desplazamiento de su titular, Emilio Rotela.
En el fondo, el fallo judicial también se convirtió en un traspié para Moyano, ya que Díaz, que conduce el sindicato correntino de manera interina, está identificado con el líder nacional de Camioneros y quedó en la mira por tratar de impedir la participación en los comicios de una lista opositora, liderada por Alejandro Benítez, candidato a secretario general, y Alberto Blanco, a secretario adjunto, que pertenecen a la Agrupación Oficial 11 de Junio.
Esta suspensión de los comicios se sumó a otras dispuestas por la Justicia en Santa Fe y en San Luis, donde también los fallos hicieron lugar a reclamos de opositores a dirigentes moyanistas que denunciaron impedimentos ilegales para competir.
Blanco, candidato a secretario adjunto de la lista opositora, describió ante Infobae un escenario plagado de controversias, acusaciones cruzadas y maniobras que, según los denunciantes, buscarían obstaculizar cualquier intento de normalización institucional y brindó detalles de las causas judiciales por desvíos de fondos que apuntan a Díaz; al secretario Gremial del sindicato, Mario Alberto Blanco, a dos empleados administrativos de la organización y la esposa de uno de ellos.
Según Blanco, las investigaciones de la Justicia, iniciadas a partir de denuncias presentadas por Rotela, el entonces secretario general, alcanzaron a integrantes de la comisión directiva del Sindicato de Camioneros de Corrientes, con tres imputados confirmados y sumas involucradas que ascienden a 218 millones de pesos.
A mediados de mayo de 2025, Rotela fue desplazado de la secretaría general del sindicato por Díaz y Blanco, pero, el 3 de octubre pasado, el Juzgado Federal de Primera Instancia de Corrientes dispuso su reinstalación en Camioneros por considerar que fue objeto de decisiones “manifiestamente arbitrarias e ilegítimas” y, además, la suspensión de todo tipo de acto eleccionario o asamblea, tanto ordinaria como extraordinaria.
A pesar del fallo, Díaz no hizo efectiva la reinstalación de Rotela, convocó a una asamblea para el 5 de octubre y fijó unilateralmente la fecha de los comicios sindicales para el 11 de enero, e incluso avanzó en la designación de la junta electoral sin notificar ni permitir la participación de la lista opositora.
Rotela, cuyo mandato se extiende hasta el 16 de enero de 2026, denunció a miembros de su propia Comisión Directiva ante la UFRAC (Unidad de Recepción y Análisis de Casos) de Corrientes porque habrían realizado transferencias desde las cuentas del gremio a cuentas personales o familiares por cifras que oscilan entre los 48 millones, 38 millones y 31 millones de pesos en distintos expedientes.
Entre los implicados allí figuran el actual secretario interino, Díaz, acusado de transferir 101 millones de pesos del sindicato a su cuenta personal entre el 2 de enero y el 12 de diciembre de 2024 “sin la referencia adecuada ni las rendiciones correspondientes”, mientras que en el caso de Mario Blanco, secretario Gremial, se lo acusa de haber transferido 31 millones de pesos desde la cuenta sindical a una propia, “con referencias insuficientes y ausencia de rendición o justificación comprobable”.
También se acusó a dos empleados administrativos del gremio: a Héctor Cipriano Cantero, por haber realizado 52 transferencias bancarias por un total de 37 millones de pesos hacia su cuenta personal, “utilizando conceptos simulados y sin documentación respaldo”, y a Leonardo Javier Sánchez por haber hecho 121 transferencias bancarias por un total de casi 38 millones de pesos a su cuenta personal “por conceptos simulados sin facturas ni comprobantes” e incluso se investiga a su esposa, Claudia Abigail Fernández, por haber recibido del sindicato en su cuenta personal unos 10 millones de pesos “sin tener relación alguna” con Camioneros.
Blanco señaló que las acusaciones de Rotela derivaron en producido tres imputaciones concretas (Cantero, Sánchez y su esposa, una maestra ajena al sindicato, pero beneficiaria de transferencias), pero aseguró que las causas que involucran a a figuras centrales del sindicato como Díaz y Blanco “todavía ni se movieron”.
Según el dirigente opositor, en el sindicato correntino, de unos 3000 afiliados, la vida institucional se maneja en un círculo cerrado que no supera los “200 compañeros” y el resto se ve excluido tanto de la toma de decisiones como del acceso pleno a los servicios básicos, especialmente la salud. “El trabajador camionero correntino la está pasando mal. Se le descuenta para una obra social, pero si tiene un problema debe recurrir a un hospital o pagar una clínica privada”, apuntó.
Detalló que la agrupación que impulsa su candidatura junto a la de Alejandro Benítez lleva una década de actividad y se consolidó como la primera oposición reconocida en la historia reciente del Sindicato de Camioneros de Corrientes, aunque reconoció que ya no responden a Hugo Moyano y acusan a la actual dirigencia nacional de ejercer “discriminación” y de obstaculizar la presentación alternativa de listas. “Hay una directiva de Hugo de no dejarnos participar”, sostuvo.
