Un diputado cercano a Patricia Bullrich presentó un proyecto para derogar una ley que posibilita el funcionamiento de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar). Se trata de Damián Arabia, el impulsor de la Ley Conan, que hace un tiempo buscaba mayores penas contra quienes cometieran maltrato y crueldad animal, establecer multas y tipificar nuevas conductas. En este caso, el legislador del PRO presentó una iniciativa para dejar sin efecto la Ley 25.849, que está vigente desde enero de 2003, con la que se creó esa entidad. Desde la entidad se defendieron y aseguraron que el aporte que hacen actores para su funcionamiento es “insignificante”.
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El diputado argumentó que la existencia de Coviar debe enmarcarse dentro del ámbito privado, como cualquier cámara o asociación empresarial. Consideró que el Estado no debe imponer ni financiar estructuras corporativas obligatorias, ya que eso vulnera la libertad de asociación, desalienta la pluralidad institucional y distorsiona el funcionamiento del mercado. Indicó que la vitivinicultura, siendo una actividad esencialmente privada, debe organizarse de manera autónoma, sin intervención estatal ni recursos públicos asignados a intereses sectoriales.
“Hoy presenté un proyecto para derogar la Covar (Corporación Vitívinicola Argentina), una entidad que se financia con aportes obligatorios de todos los establecimientos vitivinícolas, estén o no asociados. Tenemos que terminar con los aportes compulsivos a cámaras, gremios o asociaciones. La asociación es un derecho, no una obligación”, indicó el diputado nacional.
Ante una consulta de LA NACION, Mario González, presidente de Coviar, dijo que están sorprendidos con el accionar del diputado, con quien estuvieron compartiendo tiempo atrás. “Es un proyecto de ley con solo dos artículos, con una fundamentación muy básica, pero que ni siquiera en la misma ley se prevé. Desde los fundamentos que esgrime hay confusiones: tiene errores conceptuales muy grandes, en donde compara a la Coviar con una entidad empresaria, una cámara o una asociación. Esto es una institución creada por ley para ejecutar un plan estratégico vitivinícola. Algo que resulta superpositivo, que lo hacen el resto de los países del mundo”, precisó.
Los confirmantes del proyecto de ley son los diputados del PRO, Gerardo Milman; Patricia Vásquez; Sergio Capozzi; Laura Rodríguez Machado; José Nuñez; Martín Ardohain; Emmanuel Bianchetti; Alejandro Bongiovanni. Además de Bertie Benegas Lynch (LLA) y Emilia Orozco (LLA).
El proyecto señala: “Lejos de cuestionar la existencia misma de Coviar o la legítima articulación de sus integrantes en pos del desarrollo del sector vitivinícola, este proyecto reconoce y respeta la libertad de asociación como un principio fundamental del orden republicano y del sistema de economía de mercado. Se afirma que el Estado no debe imponer, fomentar ni financiar organizaciones empresariales que pueden y deben surgir del acuerdo voluntario entre partes privadas, conforme al principio de subsidiariedad que rige en toda economía abierta”.
Resaltan que la vitivinicultura es una actividad esencialmente privada, desarrollada por empresas, cooperativas, productores y bodegas en el libre ejercicio del comercio. “La institucionalización forzosa de una corporación sectorial bajo el ropaje del derecho público no solo vulnera la autonomía de los productores, sino que distorsiona el funcionamiento del mercado y eventualmente comprometiendo recursos públicos en funciones que exceden el interés general y responden a intereses sectoriales”, apunta.
Subraya que la Coviar debería ser una entidad privada y funcionar como cualquier asociación civil o cámara empresarial, sin estatus especial ni injerencia estatal. Es rigor, no se cuestiona su existencia, sino su carácter público-no estatal.
Además, sostiene que asignar al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) funciones de asistencia, control o financiamiento sobre una entidad como Coviar, cuya misión es representar y coordinar al sector privado vitivinícola, genera una afectación indebida e injustificada a los recursos del Estado. “Implica, además, un incremento de la burocracia administrativa y la asignación de funciones ajenas a las competencias originarias del INV, desvirtuando su finalidad como organismo técnico de fiscalización”, precisa.
Dice que Coviar cuenta con facultades suficientes para administrar sus propios recursos y organizarse como cámara o entidad civil de carácter privado, sin requerir injerencia estatal ni aportes públicos. “Existen innumerables ejemplos de asociaciones empresarias que cumplen funciones similares —representación, articulación, planificación estratégica, promoción de mercados— sin necesidad de intervención estatal obligatoria ni reconocimiento jurídico especial”, precisaron. En resumen, plantea que los recursos asignados a este esquema podrían ser mejor utilizados en áreas esenciales como salud, educación o seguridad.
Respuesta
En Coviar, integrada por 13 entidades privadas de las provincias vitivinícolas, señalaron que la institución fue una idea traída desde Australia, que en su vitivinicultura generó un plan estratégico y había dado muy buenos resultados. “La Argentina avanzó en el mismo sentido. Y fuera de los planes estratégicos, el resto de los países del mundo invierten sumas muy grandes, multiplicadas por cien nuestros presupuestos, para posicionar la vitivinicultura en el resto del mundo y en sus propios países, porque es un motor de desarrollo, porque es cultura, porque es parte de las marcas país de cada uno de estos países vitivinícolas», afirmó González.
“Estamos trabajando por la vitivinicultura argentina, no por un grupo de productores vitivinícolas o por un grupo de bodegueros. Allí cada cámara gremial empresaria tiene sus objetivos, por supuesto. Allí cada uno decide ser socio o no. Acá la gran diferencia es que trabajamos por la vitivinicultura argentina y el país”, se defendió.
Los beneficios, dijo, son para todos y los montos son muy pequeños. Por caso, la contribución por ley de una caja de vino cuyo valor es de $2500 tiene un beneficio de $0,49 por litro; una botella de $5957 tiene una contribución de $0,87 por litro. En todos los casos las incidencias van del 0,005% al 0,0020%.
González indicó que tienen presupuesto anual solo del sector privado, donde no tiene gasto el Estado, y les permite interactuar y desarrollar cada uno de los objetivos de la industria. “En un contexto en donde la viticultura del mundo cae, tiene complicaciones, hay bajas en el consumo, pensar en este tipo de cosas, es destruir algo que es superimportante para la vitivinicultura. Es un error muy grande. Hay que trabajar, redoblar los esfuerzos para seguir posicionando la vitivinicultura argentina”, planteó.
La vitivinicultura hoy soporta una carga impositiva superior al 60% y los directivos trabajan ad honorem. “Espero que puedan recapacitar y entender que esto no es un costo, una inversión y es ínfimo, absolutamente ínfimo”, afirmó.
