Con el empuje de la oposición y sin posibilidad de ser frenado por el oficialismo, el plenario de las comisiones de Educación; y de Presupuesto del Senado, firmó esta tarde el dictamen del proyecto ya aprobado por Diputados que refuerza y blinda los presupuestos de las universidades públicas, el cual quedó listo para ser sancionado en los próximos días. La iniciativa será vetada por la Casa Rosada, tal como ocurrió el año pasado.
Uno de los artículos impone la actualización “al 1º de enero de 2025, según la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en el período comprendido entre el 1º de mayo al 31 de diciembre de 2024”, del “monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas”. Y, para el corriente año, subas bimestrales.
Por otra parte, el Ejecutivo “deberá actualizar los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas entre el período 1º/12/2023 hasta la sanción de la presente ley, en un porcentaje que no puede ser inferior al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC en el mismo período”. Y todo incremento tendrá que “ser remunerativo y bonificable”.
A un mes de la eventual sanción, habrá “convocar con carácter obligatorio a la negociación paritaria, con una periodicidad que no podrá exceder los tres (3) meses calendarios, asegurando en todos los casos y tramos de la negociación una actualización mensual no inferior a la inflación publicada” por el INDEC, tanto “para personal docente como no docente”.
Qué se dijo en el plenario
El senador cristinista y titular de la comisión de Educación, Eduardo De Pedro -el radical Flavio Fama es el vice-, manifestó: “Hoy es el mejor proyecto que podemos tener para, por lo menos, suplir el déficit de financiamiento que propone el Gobierno. Lo que estamos financiando son 137 instituciones universitarias, 54 universidades nacionales. Un ecosistema de más de 2,35 millones de estudiantes y más de 220.000 docentes, con un 85% del financiamiento que va a salarios”.
De Pedro criticó los “prejuicios instalados y la campaña sucia”. En ese sentido, destacó que la iniciativa apunta a “que docentes no pueden estar por debajo de la línea de pobreza”. Y añadió: “El Presidente –Javier Milei– viaja por el mundo y admira a distintos países que tienen salarios docentes muchísimos más altos e invierten en educación, ciencia y tecnología mucho más de lo que propone el Gobierno con la excusa de ajuste”.
Tras un guiño del radical Martín Lousteau al cristinista De Pedro, el jefe libertario y titular de la comisión de Presupuesto, Ezequiel Atauche, señaló: “Puede haber un presupuesto con déficit o con superávit, y este Gobierno prefiere el superávit. Es lo que pasó con el -fallido proyecto del- Presupuesto el año pasado en su artículo primero, y es lo que dirá el próximo Presupuesto. Recibimos un país roto, con inflación, y ustedes demostraron durante muchos años que no saben hacerlo”.
Después de recordar que la gestión anterior no actualizó los fondos universitarios en sus últimos 14 meses, Atauche sentenció: “Sacamos 10 millones de personas de la pobreza en un año que ustedes pusieron. Vamos a ver qué eligen los argentinos. Quedó un resabio, pero ya lo vamos a empezar a correr”.
Otros objetivos del texto en análisis: “desarrollar y consolidar la enseñanza y el aprendizaje en sus diversas modalidades para garantizar el derecho a la educación a través del incremento de los recursos destinados a tecnología digital”; “ampliar la oferta de carreras universitarias y preuniversitarias en función del desarrollo estratégico del país y de las áreas de vacancia territoriales”; e “incrementar la inversión destinada a programas de becas estratégicas y de estudio para el nivel universitario y preuniversitario, que prioricen los sectores sociales más desfavorecidos”.
Quien ratificó su apoyo a la iniciativa por ser “producto de la universidad pública” fue el radical Víctor Zimmermann (Chaco), que observó: “Sobre la actualización de salarios docentes y no docentes estoy absolutamente de acuerdo, pero por ley, convocar a paritarias es una facultad del Ejecutivo”. Y agregó: “Acá hay representación gremial y más que poner como una obligación, deberíamos exhortar al Ejecutivo”.
El dictamen de este proyecto se sumó al que se obtuvo más temprano en otro plenario -de tres comisiones- relacionado con la declaración de la emergencia pediátrica, con el Hospital Garrahan como emblema. La duda que persiste en la Cámara alta es si el kirchnerismo presionará para sesionar pasado mañana o si se arriba a un consenso para ir al recinto la semana próxima.
