El diputado Miguel Ángel Pichetto avanzó con su idea y presentó un proyecto de ley que busca imponer nuevas reglas al comercio digital extranjero, en respuesta al crecimiento de las compras online a plataformas internacionales por parte de consumidores locales.
La iniciativa presentada por el legislador tiene dos ejes principales. El primero plantea la creación de un Registro Nacional de Comercio Digital Extranjero y, el segundo, establece que todo producto importado ofrecido a través de estas plataformas tribute un arancel aduanero del 30%, sin mínimos de exención, salvo por una compra anual de hasta 100 dólares.
El proyecto, presentado en la Cámara alta por Miguel Ángel Pichetto, con el acompañamiento de dos diputados de su bloque, el cordobés Oscar Agost Carreño y el bonaerense Nicolás Massot, exige que las plataformas extranjeras de comercio electrónico que venden productos en el país, ya sea directamente o mediando entre terceros, inscriban un representante legal local. Si no cumplen este requisito, no podrán cursarse los pagos ni despacharse los envíos internacionales correspondientes. La propuesta señala que las empresas serán solidariamente responsables de impuestos, aranceles y certificaciones asociadas.
La normativa alcanza a todas las plataformas que realicen ventas al consumidor final y que no cuenten con sucursal o inscripción fiscal en Argentina. La inscripción en el nuevo registro será obligatoria, y la falta de cumplimiento impedirá tanto el flujo de pagos como la recepción de mercadería, según lo estipulado por el texto que ingresó ayer a la Cámara de Diputados.
Por otro lado, y un detalle no menor, el proyecto de ley detalla en otro de sus artículos que las plataformas de e-commerce “serán solidariamente responsables por tributos internos, aranceles y certificaciones cuando intermedien ventas a consumidores en el país sin proveedor local inscripto”.
El proyecto también elimina el beneficio que impuso la administración actual para estas operaciones de una franquicia de USD 400 ya que establece que sobre el régimen de envíos exprés tipo courier, el proyecto de ley elimina el mínimo no imponible y generaliza un arancel aduanero del 30% sobre el valor CIF de toda mercadería recibida por esta vía. Esto abarca incluso aquellas compras de mínimo valor que hoy gozan de franquicias y exenciones. Solo quedará exceptuada del arancel una compra anual por persona —física o jurídica— de hasta 100 dólares estadounidenses.
Pichetto viene realizando declaraciones respecto del impacto en la industria local de las plataformas de ventas online. Particularmente contra las asiáticas Shein y Temu. Hasta le recomendó a Marcos Galperín, el mayor accionistas de Mercado Libre, en redes sociales, donde le escribió “mejor empezá a preocuparte porque te van a pasar por arriba”, en un intercambio que tuvieron en X en el que el empresario decía no estar preocupado por la competencia luego de que el CEO de la compañía, Juan Martín de la Serna, reclamara mayores restricciones a las importaciones de Shein y Temu.
En los fundamentos, los autores sostienen que “la modernización tecnológica y el crecimiento del comercio electrónico global requieren nuevas estrategias” para proteger la producción y el trabajo locales. El texto advierte que la competencia desleal generada por productos importados al margen de regulaciones laborales y fiscales afecta a la industria argentina, que “invierte en maquinaria, genera empleo formal y cumple con todas las obligaciones legales”.
La iniciativa cita antecedentes internacionales, como la aplicación de aranceles recientes en Estados Unidos para proteger empleos frente a importaciones que el gobierno de ese país considera desleales, así como movimientos similares de Uruguay y debates parlamentarios en Francia sobre las plataformas digitales, su impacto ambiental y laboral. “Cuando las reglas son asimétricas, el Estado debe intervenir”, argumentan los impulsores, quienes remarcan que el objetivo es establecer “una política vital de defensa nacional”.
El articulado revoca todas las disposiciones en contrario y otorga al Poder Ejecutivo la implementación de la ley si resulta aprobada. “Cada paquete que entra al país sin control bajo el régimen courier representa un golpe silencioso a la producción nacional, al trabajo formal y a la recaudación fiscal”, señala el texto de los autores.
La propuesta insiste en que la normativa “procura reglas claras” para el sector, fijando límites y responsabilidades específicas para las empresas extranjeras. No busca cerrar la economía, afirman los legisladores, sino incentivar una competencia equilibrada y proteger el empleo argentino.
Las compras de los argentinos vía courier registraron un salto en julio de 389,5% interanual, con lo que en los primeros siete meses expusieron un avance de 258,2%, al llegar a USD 408 millones.
