El 6 de noviembre próximo, en menos de dos meses, Cristina Fernández de Kirchner se sentará frente a la cámara de su computadora para comparecer vía Zoom ante el Tribunal Federal N°7 como la máxima acusada política en el juicio de los cuadernos de las coimas, la bitácora de sobornos redactada por el chofer Oscar Centeno, el conductor de Roberto Baratta, la mano derecha de quien fuera su ministro estrella, Julio De Vido. La ex presidenta lo hará desde su departamento de Constitución, donde cumple una condena de seis años de cárcel en el marco de la causa Vialidad.
Así, responderá en otro proceso en su contra, uno que será maratónico. Estarán presentes como acusados De Vido, Baratta, Centeno, 65 imputados en total, algunos de los mayores empresarios de la Argentina, más de 600 testigos -Hilda Molina, la ex mujer del chofer, será la primera en la lista-, que desandarán la historia promiscua de sobres y coimas en oficinas y estacionamientos para engrasar la maquinaria cartelizada de la obra pública.
Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, que quedó eximido del juicio al reconocer que pagó dinero para campañas políticas -un tema que deberá resolver la Justicia electoral-, fue uno de tantos que confesó en el expediente juez Claudio Bonadío haberle pagado coimas al poder. El financista Ernesto Clarens fue otro arrepentido estrella.
El juicio es, también, el comienzo del fin de una era, de un modo que eligió la Argentina para enfrentarse a sí misma. Los juicios en Comodoro Py a la corrupción durante el kirchnerismo prácticamente monopolizaron la narrativa de la política argentina, en todos sus frentes. CFK fue procesada en diez causas; cinco de ellas ya fueron elevadas a juicio. La causa de los cuadernos, iniciada en 2018 tras una revelación del diario La Nación, es la más grande de todas.
Será un final largo, en todo caso: el Tribunal N°7, con la fiscal Fabiana León como acusadora, había previsto una audiencia semanal, cada jueves, con las pausas de las ferias de verano e invierno. Algunos abogados estimaban que el proceso podría durar, por lo menos, tres años. Cualquier aprovechamiento político del tema de cualquier poder de turno queda, más o menos, fuera de cuestión. Semanas atrás, la Cámara de Casación le sugirió al Tribunal N°7 que apure sus tiempos.
El 20 de septiembre de 2019, seis meses antes de su muerte, el juez Bonadío cerró la causa y la elevó a juicio. Pidió que CFK, en ese momento senadora, responda por como jefa de una asociación ilícita, con 32 episodios de cohecho pasivo -o recepción de coimas, ocurridos entre 2009 y 2011-, tres de ellas junto a su ministro de Planificación, Julio de Vido. También, pidió su desafuero. Ese pedido ya era algo habitual; Bonadío fue el juez de siete de diez causas iniciadas en Comodoro Py contra Fernández de Kirchner. Néstor Kirchner también fue acusado; su muerte en 2010 extinguió la causa en su contra.
En su escrito final, Bonadío apuntó: “La asociación ilícita fue comandada por Néstor Carlos Kirchner y Cristina Fernández, quienes detentaron el cargo de Presidente de la República Argentina… El dinero era entregado alternativamente a los titulares del Poder Ejecutivo Nacional o sus secretarios privados en Uruguay 1306 y Juncal 1411, CABA –domicilio particular de Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández-, en la Residencia Presidencial de Olivos y/o en la Casa de Gobierno; parte de este dinero fue redistribuido o se realizaron pagos para otros funcionarios públicos».
El principal cobrador era Roberto Baratta; el dinero luego era entregado, supuestamente, a figuras como Daniel Muñoz: el expediente habla de 87 entregas de Baratta a Muñoz, el secretario privado de Néstor Kirchner, en el edificio de la calle Uruguay, esquina Juncal, zona de Recoleta, donde vivió CFK y donde Fernando Sabag Montiel intentó matarla con un disparo fallido.
Muñoz -fallecido en 2016- fue investigado en un expediente paralelo a la causa Cuadernos, el que investiga la ruta de parte del dinero detallado por Centeno, con el número 17.459/18, con 30 propiedades detectadas y un monto de 140 millones de dólares.
Bonadío apuntó contra Carlos Wagner, Ángel Calcaterra, Juan Chediak, Jorge Guillermo Neira, entre otros acusados. “Los responsables de dichas empresas acordaban a cual le correspondía cada obra y debían entregar aproximadamente entre el 10 y el 20 por ciento del valor de la contratación a funcionarios del Ministerio de Planificación Federal de la Nación, entre los que se encontraban Ernesto Clarens, Nelson Lazarte, Roberto Baratta y a José López, quienes luego se lo daban a Julio Miguel De Vido, Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández”.
Siete de las 32 coimas supuestamente recibidas por Cristina Kirchner, de acuerdo a la elevación a juicio, fueron entregadas por el empresario Enrique Pescarmona.
Lo que escribió el chofer
Desde ya, lo anotado por Centeno en los cuadernos fue la clave de la acusación. En una entrada, el remisero oficial aseguraba: “El Licenciado Baratta nuevamente me dice que va a entrar solo y le doy el auto; porque tenía que entregar los 4.000.000 U$S (cuatro millones de dólares) en mano propia al doctor Néstor Kirchner en el chalet donde vive el doctor Kirchner con la Presidenta Cristina”. En otro tramo de mayo de 2013, el chofer detalló “una reunión que tuvo el ministro De Vido; Baratta y la Sra. Presidenta Cristina F. de Kirchner, en la cual los instruyó para que sigan recaudando de las empresas para las próximas campañas electorales”.
Sin embargo, el chofer escribió el nombre de CFK comparativamente poco a lo largo de más de 400 páginas.
La defensa de la ex presidenta, encabezada por el abogado Carlos Beraldi, planteó la nulidad de la causa en al menos dos ocasiones, en una ocasión ante la Corte Suprema de Justicia. Disputó, por ejemplo, la autoría de los cuadernos. Centeno mismo se presentó en los tribunales de Comodoro Py para una pericia caligráfica a fines de 2024, donde la defensa de CFK presentó un perito de parte: la pericia, realizada por División Documentología y Pericias Caligráficas de Gendarmería Nacional, cuyos resultados finalmente trascendieron ratificó a Centeno como el autor de la mayor intriga política del siglo XXI.
En julio de 2024, el Tribunal N°7 había rechazado un último planteo de Beraldi para anular el juicio. En su recurso, la defensa de la ex jefa de Estado habló de “las gravísimas ilicitudes acaecidas en la etapa instructora” y aseguró que “groseras maniobras de fórum shopping, violatorias de la garantía del juez natural y del principio de objetividad que rige la función del Ministerio Público, para retener sin sorteo”, al haber recibido el juez Bonadío los cuadernos directamente, sin un paso por la Cámara federal para que designe a un magistrado.
Finalmente, cuestionó la acusación como “genérica”.
