En una jornada que expuso el pulso del cambio institucional porteño, especialistas en derecho se reunieron para analizar cómo es el funcionamiento y el nuevo posicionamiento del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (TSJ) tras los fallos que dictaron su autonomía.
El evento, convocado por el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CMCABA) y la Universidad CAECE, atrajo a referentes del mundo jurídico y empresarial interesados en el avance de la autonomía local y el rediseño del sistema judicial para adaptarse a nuevos desafíos.
Durante el encuentro, se puso en discusión la transformación que atraviesa la Justicia porteña. La consolidación de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y la transferencia paulatina de competencias ordinarias marcaron el temario central. Frente a magistrados, académicos, funcionarios y público especializado, los disertantes precisaron cómo el nuevo rol del TSJ impacta directamente en la arquitectura institucional, los marcos normativos y la previsibilidad requerida por los actores económicos y ciudadanos.
El debate se enmarcó dentro de los recientes movimientos tanto normativos como jurisprudenciales, especialmente ante la influencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la sanción de la Ley Bases. Los especialistas destacaron cómo estos instrumentos inciden en la autonomía real de la Ciudad y en el traspaso efectivo de fueros a la órbita local, asuntos debatidos con amplitud tanto en tribunales como en la agenda política y económica.
La apertura oficial del evento estuvo a cargo del Rector de la Universidad CAECE, Dr. Paulo Falcón, y la Dra. María Lorena Clienti, consejera del CMCABA y presidenta de la Comisión de Fortalecimiento Institucional. En su exposición, Clienti remarcó la influencia del máximo tribunal, y describió el escenario actual como un hito en la consolidación de la autonomía porteña. En su análisis, el artículo 3, inciso b, de la iniciativa que se aprobó el año pasado, junto con el debate sobre la vigencia de la Ley Cafiero, otorgan un marco conceptual para el traspaso de competencias locales, aunque subrayó la urgencia de que ese traspaso vaya acompañado de recursos suficientes.
Uno de los ejes principales del primer panel fue el fallo conocido como “Ferrari c/ Levinas”, que, junto a las disposiciones de la Ley Bases, representa un punto de inflexión en el camino hacia la independencia jurisdiccional de la Ciudad. Clienti citó estos avances como “una exhortación a todos los actores que nos encontramos involucrados para afianzar en términos institucionales de una vez y para siempre a la Ciudad”. Reafirmó la necesidad de la transferencia definitiva de las competencias ordinarias de la Justicia Nacional —en materias civil, comercial y laboral— al ámbito porteño, y sumó al listado el control de entidades civiles y comerciales y el registro de la propiedad inmueble.
En su intervención, la titular de la Comisión de Fortalecimiento Institucional instó a los presentes a “gestionar para construir los diálogos necesarios para que de una vez y para siempre lo que está inconcluso no se mantenga en ese estado ambivalente”. En tanto, reconoció que el fortalecimiento de la autonomía debe ir de la mano de la consolidación de una seguridad jurídica confiable, indispensable tanto para el desarrollo económico como para la estabilidad institucional. Por lo tanto, expresó: “Debemos construir seguridad jurídica, porque una nación grande y fuerte para el mundo, es aquella en la cual además de estabilidad económica y previsibilidad política, existe seguridad jurídica. Más aún, cuando la norma y la jurisprudencia exigen de nosotros que así sea”.
La Dra. Marcela de Langhe, jueza del TSJ y presidenta del Consejo Académico del Centro de Formación Judicial, profundizó el análisis sobre el funcionamiento del tribunal, haciendo especial hincapié en la necesidad de previsibilidad en los fallos y rapidez en las resoluciones. De Langhe sostuvo: “El TSJ está estudiando rigurosamente y haciendo un análisis muy profundo y exhaustivo para poder volver a dar previsibilidad en las resoluciones, tenemos una oportunidad única porque, como integrantes del sistema judicial no podemos permitir que no exista la resolución igual para casos uniformes”. Subrayó también que “la velocidad de la respuesta jurisdiccional es un elemento fundamental para la adecuada composición del conflicto, porque incide en la eficacia de la tutela judicial y una justicia tardía no es justicia, y esto es algo esencial para la seguridad jurídica”.
El segundo panel, titulado “De la doctrina al diseño: ¿cómo se prepara el TSJ para cumplir su nueva función?”, abordó los aspectos técnicos y normativos de la transición. Juan Carlos Cerutti, secretario judicial de Asuntos Laborales del TSJ, y María Isabel Leal Falel, secretaria letrada de Asuntos Laborales del tribunal, describieron los desafíos en la adaptación normativa, las regulaciones administrativas y la interoperabilidad tecnológica de los sistemas de gestión judicial.
Los especialistas compartieron experiencias recientes en la resolución de desacuerdos con las Cámaras de Apelaciones y analizaron el impacto de la digitalización en la gestión de expedientes, señalando como prioridad el fortalecimiento del trabajo colaborativo entre organismos judiciales y la optimización de procesos administrativos para impulsar una justicia eficiente e independiente.
Finalmente, el panel “Seguridad jurídica, previsibilidad y autonomía: impacto para el ecosistema empresarial (empresas, trabajadores y sindicatos)” analizó las implicaciones del nuevo rol del TSJ para el ámbito laboral. La Dra. Mariana Paulino Castro, en representación de FAECYS , y el Dr. Pablo Cesar Deluca, Director de Asuntos Institucionales de Infobae, debatieron junto al moderador Dr. Juan Manuel Lorenzo cómo esta configuración fomenta la previsibilidad normativa y contribuye a la consolidación de la jurisprudencia local.
