El oficialismo decidió avanzar y aprovechará la sesión en donde busca darle media sanción a la reforma laboral para buscar media sanción al acuerdo para traspasar la Justicia Laboral del ámbito nacional al de la Ciudad de Buenos Aires.
“Lo hablé con Eduardo Menem y me explicó que no hace falta un dictamen y con el número de expediente y si eso no lo logramos destrabar, lo metemos como un anexo; pero ya tengo los votos» aseguró la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, a Infobae.
El Gobierno Nacional y las autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires firmaron el pasado martes un acuerdo para transferir las competencias sobre la Justicia Laboral a la jurisdicción porteña. “Es un nuevo hito en la autonomía”, destacó el ministro de Justicia de CABA, Gabino Tapia. El convenio —que deberá ser aprobado por el Congreso de la Nación y la Legislatura porteña— establece un régimen progresivo para que los nuevos tribunales laborales de la Ciudad comiencen a funcionar y asuman competencias sobre las causas iniciadas después de la entrada en vigencia del acuerdo. “Es un nuevo hito en la autonomía”, destacó el ministro de Justicia de CABA, Gabino Tapia.
En términos reales significa el cierre de la Justicia Laboral nacional para que sean los juzgados de CABA quienes lleven adelante los juicios en la materia. Esto es un debate que surge en 1994 cuando la Ciudad adquirió su autonomía y la capacidad de organizar su propio Poder Judicial.
Desde la oposición señalaron que la idea de avanzar con esto, junto a la reforma laboral, es porque “ellos -el oficialismo- creen que la justicia laboral es pro empleado y que la de la Ciudad de Buenos Aires cuyos jueces los viene nombrando el macrismo es pro empleador”.
La Ciudad deberá, en un plazo máximo de 180 días, seleccionar a los jueces del nuevo fuero laboral y garantizar la infraestructura y los recursos necesarios.
Según el acuerdo, la Ciudad deberá, en un plazo máximo de 180 días, seleccionar a los jueces del nuevo fuero laboral (creado por las leyes 6.789 y 6.790) y garantizar la infraestructura y los recursos necesarios. Una vez operativo, será el único fuero competente para causas laborales iniciadas desde ese momento.
Si se le da sanción – lo tiene que aprobar también la Cámara de Diputados– la Ciudad recibirá todas las competencias relativas a conflictos individuales de trabajo, pero quedarán excluidos del traspaso y seguirán bajo jurisdicción federal: los conflictos colectivos y la negociación colectiva, los temas de asociaciones sindicales y personería gremial, las competencias del Pacto Federal del Trabajo que no hayan sido delegadas, las causas laborales donde sea parte el Estado Nacional y los recursos contra decisiones administrativas dictadas por autoridades nacionales.
De esta manera, el fuero federal mantendrá atribuciones clave en materia sindical y de relaciones laborales colectivas.
Otro punto que también incluye el acuerdo entre la Nación y la Ciudad es el régimen de transición y cierre de juzgados. En este caso, establece que las causas iniciadas antes del día de entrada en vigencia seguirán en la Justicia Nacional del Trabajo. En el caso de la ejecución de las sentencias, sin embargo, se trasladará al nuevo fuero porteño.
Las causas nuevas irán al Fuero del Trabajo porteño, y las comprendidas en materias excluidas, al fuero contencioso administrativo federal.
Además, una vez aprobado el acuerdo, se dispondrá el cierre inmediato de los juzgados laborales nacionales vacantes y de la Sala VII de la Cámara Nacional del Trabajo, según el listado del Anexo I. El cierre total del fuero laboral nacional se realizará de manera progresiva.
Por último, establece en la Cláusula Complementaria el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad será el órgano revisor máximo de las decisiones de los tribunales nacionales cuando se trate de cuestiones de derecho local o común, y también cuando exista cuestión federal, en los términos del artículo 14 de la Ley 48. Solo quedarán fuera de ese esquema las causas propiamente federales por materia o persona.
