Con el anuncio oficial del acuerdo comercial cerrado con Estados Unidos, el Gobierno Nacional evalúa los tiempos legislativos para el envío del proyecto al Congreso y si bien aseguran que configura una de las prioridades, ven factible que su tratamiento quede para el período ordinario que iniciará el 1° de marzo con la apertura de sesiones a cargo del presidente Javier Milei.
Más de un integrante de la mesa política admitió ante Infobae que el cronograma de fechas para sesionar durante el mes de febrero complejiza los deseos del mandatario que delimitó un temario “ambicioso”, como lo calificó en conferencia de prensa el canciller, Pablo Quirno, para abordar durante el receso de verano.
Sin embargo, con la idea de instalar los temas que consideran relevantes también discuten internamente si logran incluirlo en extraordinarias, aunque su tratamiento definitivo se postergue algunos días más.
“Estamos terminando de analizarlo, porque estamos en el proceso de traducciones y de determinados tecnicismos, que exige un acuerdo de estas características. Si los tiempos acompañan será enviado a extraordinarias, si no será seguramente de los primeros proyectos que enviaremos a partir del primero de marzo”, planteó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante la primera conferencia del 2026.
Según supo este medio, el documento, que elimina aranceles para 1.675 productos recíprocos, se encuentra en pleno proceso de traducción, lo que implica a su vez una revisión legal de cada capítulo rubricado en las últimas horas por Quirno y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, el pasado jueves. Tras el análisis minucioso a cargo de los equipos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, será girado a Casa Rosada para que la Secretaría de Legal y Técnica, que comanda María Ibarzabal Murphy, se encargue del chequeo final antes de ser girado al Poder Legislativo.
Pese a la posibilidad abierta, en la administración libertaria anticipan que el tratamiento de la Reforma Laboral, la Ley de Glaciares, el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur y la Ley Penal Juvenil configuran una desafío para ser concentrado entre las semanas del 7 de febrero hasta el 27 del mes, con los feriados de Carnaval en el medio. “Estamos viendo porque requiere una exhaustiva revisión técnica, pero es una de las prioridades. Incluso más que el acuerdo del Mercosur y la Unión Europea”, se sinceró un miembro del reducido círculo que rodea al mandatario.
“Todavía ni siquiera ingresó al Congreso”, expresó ante este medio una fuente legislativa que ve complicada la posibilidad de que las Cámaras lo discutan en febrero. En sintonía, otra voz en tema alegó que se trata de un documento complejo que debe revisarse con atención, lo que podría demorar el diseño de un proyecto específico. Algo similar ocurrió con la letra fina del acuerdo entre el Mercosur y la UE luego de que este último bloque demorara la entrega de las copias certificadas.
Asimismo, por los pasillos de Balcarce 50 anticipan que el Poder Ejecutivo avanzará con la implementación de algunos artículos específicos vía mecanismos administrativos que no requieren la aprobación del parlamentaria. Con el objetivo de reducir costos y agilizar los trámites, los equipos técnicos avanzan en la redacción de decretos, resoluciones y disposiciones orientadas a simplificar las barreras no arancelarias y los procesos de certificación.
La tarea compromete al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien se encuentra desde hace tiempo evaluando alternativas para derogar las barreras burocráticas que la gestión se comprometió a eliminar en el marco de las negociaciones con las autoridades norteamericanas.
Al pendiente de la letra chica del entendimiento, la administración libertaria busca dejar en claro que priorizará a Estados Unidos como socio comercial y de inversiones en cobre, litio y otros minerales críticos, y se compromete a facilitar proyectos bajo el RIGI y el desarrollo de infraestructura minera.
El acuerdo comprende también una mayor cooperación en investigaciones antidumping y compensatorias, con resguardo de la información comercial confidencial. “Es un acuerdo para las veinticuatro provincias argentinas y los cuarenta y siete millones de ciudadanos que tiene este país”, subrayó el jefe de Gabinete este viernes al tiempo que remarcó que “consolida nuestra posición de liderazgo regional” y marca un rumbo basado en “el capitalismo y el libre comercio”.
“No vamos a parar. Vamos a seguir generando acuerdos con todos los países del mundo. Paradojicamente hace 20 años, en 2005, cuando tuvimos la Cumbre de las Américas tuvimos aquella frase ‘ALCA, ALCA, al carajo’. Gracias a Dios, 20 años después, podemos gritar ‘Viva la Libertad, Carajo’“, subrayó Pablo Quirno, aplaudido por los funcionarios presentes en la sala de conferencias por orden directa de Manuel Adorni.
