El proyecto de ley de “presunción de inocencia fiscal”, que busca fomentar el uso de los dólares que los argentinos atesoran sin declarar “en el colchón”, se encontró un obstáculo inesperado en la Cámara de Diputados. Tras un ampuloso anuncio encabezado por el vocero Manuel Adorni, la Casa Rosada dejó trascender que esperaba avanzar con su tratamiento lo más rápido posible. Pero tras cuatro semanas ni siquiera está en agenda una primera reunión informativa en el plenario de comisiones.
El cronograma extraoficial que habían dejado trascender desde las filas libertarias marcaba que el primer plenario de las comisiones de Presupuesto, Legislación General y Legislación Penal sería la semana que viene, con el objetivo de ir al recinto a principios de julio. Hasta el momento no fue convocada y dado que la semana que viene es corta por los dos feriados, en los bloques coinciden en que todo se postergará -de mínima- una semana más.
La Casa Rosada ya logró el respaldo de 13 gobernadores que adhirieron al nuevo “Régimen Simplificado de Ganancias” (una de las partes del proyecto), por lo que tendría allanado el camino para aprobar la iniciativa en el recinto de la Cámara de Diputados. Sin embargo, primero debe firmar un dictamen de comisión y allí está el problema.
La comisión de Presupuesto, que preside José Luis Espert, tiene 49 integrantes y el oficialismo necesita 25 firmas (de su proyecto u otro) para poder llevar el texto al recinto. La Libertad Avanza tiene 6 representantes en la comisión y cuenta con el respaldo de sus habituales aliados del PRO (7), MID (2), la UCR (3), la Liga del Interior (1), Innovación Federal (2) y Producción y Trabajo (1). En tanto, se descuenta que los representantes de Unión por la Patria (20) y el Frente de Izquierda (1) rechazarán la iniciativa.
Por lo tanto, para llegar a la mayoría deberá sumar al menos tres apoyos entre los dos diputados de Encuentro Federal, los tres de Democracia para Siempre y uno de la Coalición Cívica. Sin embargo, estos bloques dialoguistas acumulan tensiones con Martín Menem y hasta el momento ponen en duda su acompañamiento.
Ante la consulta de Infobae, desde la Coalición Cívica explicaron que todavía están estudiando el proyecto, pero destacaron que “no es menor” que no se haya tratado el Presupuesto. En la misma línea, desde Democracia para Siempre también recordaron que José Luis Espert dejó trunco el debate de la “ley de leyes” y le sumaron la decisión del oficialismo de bloquear la comisión $Libra.
“Espert maneja la agenda de Presupuesto como quiere. Cajonera todo y después cuando les interesa, te vienen de apuro. Así no funciona. Así de apuro como quisieron meter lo de AGN no va. No sé cuándo quieren dictaminar. Si es ya, la respuesta es no”, aseguró uno de los radicales disidentes que podría inclinar la balanza. No obstante, aclaró que está “dispuesto a discutir”.
Por otro lado, en las filas de Encuentro Federal dejaron saber que podría influir negativamente en la negociación que Milei vete el aumento de las jubilaciones y la declaración de emergencia en discapacidad, que aún debe ser ratificado por el Senado.
Los tres espacios coincidieron en que por el momento no fueron contactados por los libertarios para negociar, por lo que descuentan que el proceso será más lento que lo anunciado mediáticamente.
El oficialismo tiene más chances de reunir consenso en las comisiones de Legislación Penal y Legislación General. De hecho, una parte del proyecto, que modifica el Régimen Penal Tributario es similar a un texto que ya fue dictaminado en noviembre de 2024. Pero la oposición sospecha que es una maniobra para buscar una mayoría. “Quieren que dictaminemos todo junto, pero el resto del proyecto no logra un consenso tan fácil”, explicaron.
El proyecto “inocencia fiscal” modifica el Régimen Penal Tributario y aumenta los montos a partir de los cuales una persona puede ser investigada por evasión fiscal. El mínimo para un caso de evasión simple pasa de $1,5 millones a $100 millones, mientras que para evasión agravada aumenta de $15 millones a $1.000 millones.
También acorta los plazos de 5 a 3 años para que ARCA pueda exigir el pago de impuestos no declarados, aplicar multas o promover denuncias. El objetivo, según detallaron desde el oficialismo, es que gobiernos futuros no puedan “perseguir” a los contribuyentes “por su situación patrimonial pasada”.
El tercer punto, que genera mayores dudas en las filas opositoras, crea un régimen simplificado de Impuesto a las Ganancias, eliminando la necesidad de justificar consumos personales para incentivar el uso de dinero no declarado. Está pensado para personas con ingresos inferiores a los $1.000 millones y un patrimonio menor a los $10 mil millones. Por ejemplo, los contribuyentes deberán declarar sus ingresos -y los gastos deducibles- pero podrán comprar sin informar un auto con dinero no declarado sin que se investigue el origen de esos fondos.
