El Congreso cerró su período ordinario el 30 de noviembre y, a menos que el Poder Ejecutivo lo disponga, no volverá a funcionar hasta el 1° de marzo. Si bien el Gobierno no descarta convocar a sesiones extraordinarias, el temario que se baraja es acotado: es improbable que incluya el proyecto de presupuesto 2025, la iniciativa para implementar la “ficha limpia” para cargos públicos, el juicio en ausencia, el agravante de penas para la reiterancia delictiva y la regulación del voto en el exterior. Tampoco estará presente la iniciativa que busca limitar el poder sindical.
Si bien la Casa Rosada no tiene cerrado el listado de proyectos para que el Congreso discuta, dan por seguro que se incluirá la reforma electoral que contiene la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), la quita de topes para el financiamiento privado de campañas políticas y una reforma de la ley de partidos políticos para evitar la proliferación de “sellos de goma”. También podría incorporar la privatización de Aerolíneas Argentinas que ya cuenta con dictamen de comisión. Se definiría esta semana.
Milei y Cristina, del ring a la pista de baile
No está claro que en la convocatoria a sesiones extraordinarias se incluya la discusión de los postulantes del Gobierno para integrar la Corte Suprema. Es un tema que inquieta al oficialismo, que teme que una posible designación por decreto y en comisión del juez federal Ariel Lijo y el catedrático Manuel García-Mansilla termine por implosionar los puentes con el kirchnerismo. Ya lo dijo José Mayans, jefe de uno de los bloques de Unión por la Patria (UP) en el Senado: advirtió si el Poder Ejecutivo avanza por decreto, los 33 senadores del espacio están comprometidos a rechazar las designaciones de los jueces del máximo tribunal.
La Constitución Nacional prevé los nombramientos en comisión como un mecanismo de excepción cuando el Congreso está en receso, pero define que “expirarán” cuando comience un nuevo período ordinario. Para que dichas designaciones no sean transitorias, el Gobierno deberá acercar posiciones con el kirchnerismo, determinante para reunir los dos tercios del Senado. El número mágico es 48. Con sus 33 senadores, UP tiene poder de veto.
Por eso, la Casa Rosada podría exhibir con su inclusión que agota todas las instancias de discusión antes de que el supremo tribunal quede con tres miembros el 29 de diciembre, cuando el magistrado Carlos Maqueda cumpla los 75 años y tenga que dejar su lugar.
Por último, tampoco está definido el plazo que fijará el Gobierno para discutir estos temas: cuenta con los meses de diciembre, enero y febrero.
A continuación, el detalle de los proyectos que el Congreso trabajó este año y que podrían quedar en en el tintero.
Presupuesto 2025
La administración libertaria se encamina a prorrogar el presupuesto por segundo año consecutivo, algo inédito que le permitirá contar con completa discrecionalidad para administrar los recursos públicos.
Hubo cinco reuniones de la Comisión de Presupuesto, presidia por el libertario José Luis Espert para debatir el proyecto presentado por Milei el 15 de septiembre. Fueron como informantes el secretario de Hacienda, Carlos Guberman; el titular de la Anses, Mariano De los Heros; la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Yanina Nano Lembo -que terminó eyectada de su cargo-; y el secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli.
A pesar del debate en Diputados, las negociaciones discurriern por un canal paralelo. Tuvo como protagonistas a los gobernadores y a los referentes económicos de la Casa Rosdada. La conversación se obturó cuando los mandatarios provinciales de la UCR y Pro exigieron que se incluyan entre otras cosas, el pago de las deudas de las 13 cajas previsionales no transferidas a la Anses y la coparticipación de los Aportes del Tesoro (ATN) no distribuidos. El oficialismo decidió, súbitamente, suspender el diálogo con el argumento de que las demandas de los gobernadores eran “inaceptables” por su impacto fiscal.
“Ficha limpia”
Tras vaciar de quorum la sesión en la que se debatiría el proyecto para impedir que personas con condena confirmada puedan ser candidatos a cargos públicos, el Gobierno trató de aplacar las críticas en su contra con el mensaje de que está trabajando en una iniciativa propia. Según lo que el propio Presidente le trasmitió a Silvia Lospennato, de Pro, puso a cargo de esta tarea al abogado Alejandro Fargosi.
Sin embargo, su inclusión en extraordinarias está lejos. “No hay texto”, informó una fuente inobjetable a LA NACION. Dependerá de cuánto logren avanzar en un texto “consensuado, posible y justo”.
Juicio en ausencia
El proyecto obtuvo dictamen de mayoría en octubre. Contó con el aval de casi todas las fuerzas políticas menos el kirchnerismo. Permite el juicio en ausencia para delitos graves como crímenes de lesa humanidad o terrorismo, siempre que el imputado no pueda ser hallado tras intentos razonables.
El objetivo es garantizar la continuidad de los procesos judiciales en casos donde el imputado evade la justicia. Podría ser utilizado en la causa AMIA contra los imputados iraníes. Irán se negó a extraditar a sus ocho ciudadanos acusados por el ataque a la mutual judía.
Esta iniciativa estaba incluida en la sesión del jueves pasado, junto a “ficha limpia”, pero se cayó por falta de quórum.
Reiterancia delictiva
Es un proyecto impulsado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Obtuvo dictamen de mayoría a fines de septiembre. Fue acompañado por Pro, la UCR, La Libertad Avanza (LLA) y, en disidencia, Encuentro Federal. Apunta a reforzar las herramientas legales para prevenir la reincidencia y la reiterancia delictiva estableciendo criterios claros para restringir la libertad en función de los antecedentes penales y el riesgo de nuevas conductas delictivas. Define como “reincidente” a quien haya sido condenado dos o más veces a penas privativas de libertad, siempre que la primera condena esté firme.
Al igual que la implementación del juicio en ausencia, estaba incluida en la sesión del jueves pasado, junto a “ficha limpia”, pero se cayó por falta de quórum.
Voto en el exterior
La iniciativa, impulsada por Pro, apunta a regular la forma de votación en el exterior para promover una mayor participación de los argentinos residentes en el exterior. Busca garantizar por ley el voto por correo así como formas ágiles de que las personas sean habilitadas en el padrón extranjero.
La iniciativa estaba incluida en la sesión desarticulada del jueves pasado.
“Democracia sindical”
A través de un texto común, la UCR, Pro, la Coalición Cívica (CC) y Demcracia pretenden modificar la Ley 23.551, que regula a las asociaciones sindicales. Su principal objetivo se centra en garantizar la democratización, la transparencia y la rendición de cuentas en los sindicatos, así como una modernización de sus funciones. Impulsa la alternancia de su dirigencia y promueve la equidad de género en sus órganos directivos. Además, busca desarticular los dos principales sostenes de los gremios: elimina la obligatoriedad de las “contribuciones solidarias” para los no afiliados, un descuento salarial compulsivo a todos los trabajadores de una actividad que es pactada en los convenios colectivos, y dispone el derecho de opción de las obras sociales. Estas reformas son fuertemente resistidas por la CGT y las dos vertientes de la CTA, que ven amenazado como nunca antes su poder de caja y representación.
El martes pasado, el presidente de la comisión de Legislación Laboral, Martín Tetaz (UCR), intentó avanzar con esta reforma, pero quedó lejos de reunir el quorum para abrir el debate en mayoría: logró sentar a 111 diputados, 18 menos que los 129 necesarios. Los libertarios exhibieron un acompañamiento cuando sabían que el proyecto no prosperaría: se rehusaron a quebrar la buena sintonía con la central sindical.
