El candidato del gobierno para integrar la Corte Suprema de Justicia, el catedrático Manuel García-Mansilla, sigue poniendo sus fichas en el Congreso para que su designación obtenga los votos de los dos tercios de los senadores. Sin embargo, deja abierta la posibilidad de aceptar una designación en comisión por la vía del decreto, en caso de que el Gobierno recurra a esa herramienta.
“El año parlamentario no terminó”, dijeron en el entorno del exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. Mencionaron que el gobierno no abandonó el “plan A” de designar a García-Mansilla y al juez federal Ariel Lijo por el mecanismo previsto expresamente para la designación de jueces de la Corte que incluye, tras la presentación de los pliegos, adhesiones y objeciones, audiencias públicas y luego la votación del dictamen de cada uno en la comisión de Acuerdos, con los dos tercios de los senadores presentes.
El pliego del juez federal Ariel Lijo tiene ocho firmas y le falta una para que sea sometido a votación, mientras que el pliego del académico García-Mansilla está más retrasado y cuenta con solo cuatro firmas. Luego deberían consensuar con gobernadores y senadores el apoyo en el recinto para obtener los dos tercios.
El plan B del Gobierno es avanzar con la designación de jueces por decreto en comisión cuando el Congreso entre en receso. Mauricio Macri recurrió a esta herramienta en el inicio de su presidencia, pero tras una lluvia de críticas puso en marcha el mecanismo constitucional y los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz fueron designados por acuerdo del Senado.
El atajo lo prevé la Constitución en su artículo 99, cuando dice que son facultades del Presidente “llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura”.
Cuando se produjeron las audiencias públicas, el catedrático García-Mansilla fue interrogado acerca de esta posibilidad por la senadora del kirchnerismo Anabel Fernández Sagasti, una de las espadas jurídicas de Cristina Kirchner.
García-Mansilla contestó en ese momento: “Visto el impacto que tuvo el decreto 83/2015 en la opinión pública, yo no hubiera aceptado una nominación en comisión. Porque, más allá de que la Constitución lo prevé, evidentemente hay un gran sector de la población que, con buenas razones, resiste ese tipo de decisiones que son discrecionales del Presidente”.
No obstante, en la misma audiencia y ante preguntas de la misma senadora, recordó que tras la firma del decreto de Macri escribió un artículo en el que señalaba que la herramienta estaba prevista en la Constitución Nacional y que no merecía objeciones.
Dijo que envió esa nota al diario Clarín “apenas se había sancionado el decreto como una forma de contribuir al debate público, nada más. En retrospectiva, le digo que, pese a que considero que el ejercicio de esa facultad era constitucional a la luz de la revisión de antecedentes que hice -aunque podría estar equivocado-, es evidente que a un gran sector de la población no le cayó bien esa forma o ese ejercicio de una atribución constitucional. Con lo cual, independientemente de los aspectos jurídicos que en su momento consideré, que fue lo único que consideré, hay otros aspectos que tienen que ver con la reputación del tribunal. Si hoy ocurriera lo mismo, no tendría una consideración jurídica diferente, pero a lo mejor sí haría una consideración de índole de apreciación respecto de lo que esta decisión podría generarle a la institución de la Corte Suprema”.
Aclaró entonces el abogado que “hay ciertas atribuciones que tienen los poderes constitucionales que, al momento de ser ejercidas, a pesar de que son constitucionales, pueden afectar una institución”, es decir decisiones constitucionales que pueden generar descrédito. Y agregó que hay medidas constitucionales que, dependiendo del contexto, pueden generar una afectación. “Por eso la respuesta es que no aceptaría una designación en comisión. Esto, con el diario del lunes”.
En el entorno del catedrático explicaron que esa respuesta hay que ponerla en contexto. “Fue una respuesta ante una pregunta hipotética. Dijo que no hubiera aceptado ser nombrado en comisión en 2015. Y aclaró que opinaba así con el diario del lunes, los contextos son importantes”, remarcaron colaboradores del académico ante la consulta de LA NACION.
No obstante, esos colaboradores prefirieron no responder al preguntarles si García-Mansilla estaría dispuesto hoy a aceptar una designación por decreto. Dejaron abierta esa posibilidad, aunque aclararon que “el año parlamentario no terminó”.
En esa audiencia en la que enfrentó las preguntas de Fernández Sagasti, acerca de que si la designación en comisión por decreto por un año le quitaría independencia al juez en un hipotético caso en abstracto contra el Poder Ejecutivo Nacional, García-Mansilla dijo que “en un caso hipotético” puede ser que el juez tuviera una cierta falta de independencia, tal vez sí”, aun cuando ingresen por un lapso corto de un año. “Si, es posible”, dijo.
En las audiencias públicas del Senado, nadie le preguntó al juez federal Lijo si aceptaría ser designado juez de la Corte en comisión por un año por decreto. LA NACION lo consultó para esta nota, pero no obtuvo respuesta del magistrado.
