El acelerado proceso para saldar la delirante situación de la Defensoría del Niño tuvo, a horas de realizarse un examen clave del concurso para la sucesión, un nuevo episodio: una de las candidatas pidió sin éxito la habilitación de la feria judicial para dar lugar a una cautelar no sólo para frenar el examen que se consumará dentro de unas horas en el Congreso, sino también para intervenir al organismo.
La desordenada actualidad abarca un sendero minado durante largos meses en los que, con el correr del tiempo, pareció empeorar. El año pasado, la bicameral que fiscaliza la Defensoría del Niño no se pudo constituir -faltaron confirmar a los integrantes del Senado, por orden directa de Victoria Villarruel-, en una jugada orquestada por la Casa Rosada hasta que finalizara la gestión de Marisa Graham. Las sospechas de quienes nunca comulgaron con la ex funcionaria apuntan al uso de una jugosa estructura y fondos nada despreciables para hacer política.
Todo terminó de la peor manera en plena temporada estival, con el mandato autoprorrogado de Graham y un tardío fin que le aplicó el Congreso desde la comisión. Es decir, un mega papelón institucional en el que casi todos fueron parte. En el medio, las personas y entidades que desde hace décadas se dedican a esta temática. Suelen ser, en el fondo, los más perjudicados.
Con mayorías que fueron y vinieron en diversas ocasiones, un sector mayoritario de la oposición -kirchnerismo y “dialoguistas”- puso en la presidencia de la bicameral a la diputada radical Natalia Sarapura (Jujuy), quien por momentos tuvo dificultades para comandar la nave. Los legisladores de la Cámara baja y los senadores que integran la bicameral tampoco ayudaron.
La activación del concurso y la organización el examen -instancia clave- avanzó en las últimas semanas. Primero, con una mayoría de kirchneristas y radicales. No obstante, en algunos momentos también se sumaron el macrismo y La Libertad Avanza. Es decir, no hubo grandes objeciones.
Durante la corriente semana, una postulante solicitó habilitar la feria judicial e intervenir la Defensoría -la bicameral votó semanas atrás una vía paralela para que el organismo pueda funcionar- por “nulidad e inconstitucionalidad de un concurso público viciado por “desviación de poder, violación reglamentaria, falta de imparcialidad o transparencia”.
Por caso, la denunciante enumeró, a través de sus abogados patrocinantes, que la bicameral “omitió brindar información esencial en tiempo y forma respecto de aspectos cruciales del Concurso, particularmente: (a) la identidad del Escribano Público encargado de garantizar la confidencialidad y resguardo de las pruebas de oposición; (b) el lugar y modalidad en que se custodian los exámenes escritos antes de su realización; y (c) la comunicación oportuna de tales extremos a los postulantes”.
“Recién una semana antes del examen -cuando el proceso ya se halla avanzado y a escasos días de la prueba escrita- la Comisión informó parcialmente que contaría con un escribano del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires para intervenir en el Concurso, sin mencionar su nombre ni detallar dónde estuvieron depositados los cuestionarios o materiales de examen durante las semanas previas. Tal información tardía y fragmentaria resulta claramente insuficiente y contraria a las exigencias de publicidad efectiva”, se señaló en el documento.
La denunciante fue más allá y lanzó un punto sensible: “Se ha advertido que un porcentaje relevante de las organizaciones convocadas al proceso, ya sea como miembros del Consejo Asesor o como observadores, recibe financiamiento de fundaciones extranjeras. Dicho financiamiento vulnera el principio de autonomía institucional del Estado argentino. Como ciudadana argentina y postulante a un cargo creado por ley nacional, tengo derecho a un proceso institucional libre de interferencias de entidades externas”. En otro tramo, agregó: “La ciudadanía, los postulantes y las organizaciones interesadas en la protección de la niñez tienen derecho a saber bajo qué condiciones se protegen algo tan sensible como sus exámenes escritos”.
“Solicito expresamente que se intime al PODER EJECUTIVO NACIONAL, a través del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO, a que proceda a designar en forma transitoria y excepcional a un/a ciudadano/a con formación acreditada en derechos de infancia, independencia funcional y solvencia ética para ejercer la intervención de la Defensoría Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes, hasta tanto se lleve a cabo un nuevo concurso de antecedentes y oposición con pleno cumplimiento de las garantías legales y constitucionales”, enfatiza la presentación.
En resumidas cuentas, esto significaría una victoria para quienes rechazaron la gestión de Graham, siempre en conflicto desde los bandos “verde” y “azul” que surgieron, años atrás, con las discusiones de la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE). De concretarse, se repetiría el escándalo iniciado con el mandato auto prorrogado de Graham. El problema es que la bicameral, en vez de la sensatez, se subió a un ring político por esa estructura y la caja. Y aquí las consecuencias.
Cerca del mediodía, la justicia -la cuestión de fondo aún no fue saldada- indicó que “no se advierten en la presentación inicial que se encuentren demostradas, concreta y acabadamente, las razones de inexcusable perentoriedad para que intervenga el Juzgado de Feria, ni que se torne infructuosa la tutela de derechos cuya protección se pretende a través de la producción de un perjuicio concreto e inminente, con entidad bastante, resultando insuficiente la mera invocación de la urgencia en base a las afirmaciones efectuadas”.
