Para el lunes 26 de mayo quedó fijada la diligencia contra el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, en medio del proceso que adelanta la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia en su contra relacionado con el escándalo de corrupción conocido como el “carrusel de la contratación”.
Según informó la Fiscalía, el caso involucra presuntas irregularidades vinculadas al Hospital de Usme y a la Alcaldía de Bogotá durante la administración del exalcalde Samuel Moreno Rojas, que falleció mientras cumplía una condena en prisión.
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El magistrado Jorge Emilio Caldas, miembro de la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, será el encargado de dirigir el proceso judicial.
De acuerdo con la información presentada, Sanguino habría buscado obtener un beneficio político relacionado con el Hospital de Usme cuando ocupaba el cargo de concejal de Bogotá en 2008.
A Sanguino se le acusa de haber ejercido presiones para que una persona de su confianza fuera nombrada en un puesto clave dentro de uno de los hospitales públicos más importantes de la ciudad.
De acuerdo con un auto emitido el lunes 5 de mayo, la audiencia será llevada a cabo por la unidad de fiscales ante la Corte Suprema, y Sanguino deberá asistir acompañado de su abogado defensor.
El caso contra Sanguino se encuentra bajo la jurisdicción de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema debido al fuero que le corresponde como ministro en ejercicio.
Este fuero implica que cualquier proceso judicial en su contra debe ser adelantado por dicha instancia mientras ocupe su cargo en el Gobierno nacional.
La Sala también instó a las partes involucradas a utilizar los mecanismos previstos para garantizar la participación de todos los interesados, incluyendo fiscales de apoyo y apoderados suplentes, con el objetivo de evitar retrasos en el proceso.
El documento de fijación de la audiencia, que incluye apartes del escrito de acusación, señala que los hechos investigados se remontan al año 2008, cuando Sanguino habría incurrido en tráfico de influencias.
Según el texto, el entonces servidor público habría intervenido ante el secretario de Salud Héctor Julio Gómez y el alcalde de Bogotá en ese momento, Samuel Moreno, para que Liliana Patricia Paternina fuera nombrada como gerente del Hospital de Usme.
Este nombramiento, según la acusación, tenía como propósito garantizar el control del hospital, especialmente en lo relacionado con los procesos de contratación.
“Propósito que tenía una sola finalidad, la de tener el control del citado hospital, especialmente, de la contratación que este debía adelantar; actuando por fuera del deber que tenía como servidor público de proceder con transparencia e imparcialidad para servir a la comunidad que lo eligió”, se lee en el documento.
El auto también detalla que, a través de la gerente Paternina, se habría direccionado el contrato para la construcción y dotación de una nueva sede del Hospital de Usme.
Según la Fiscalía, el objetivo era adjudicar dicho contrato a una empresa controlada por Héctor Julio Gómez. Además, se indica que Sanguino habría pactado con Gómez el pago de una comisión equivalente al 10 % del valor total del contrato de obra, lo que constituiría un beneficio ilegal.
“Para el caso de la adjudicación de la obra de la nueva sede del Hospital de Usme, obtendría un beneficio ilegal consistente en el pago de una comisión por valor del 10% del valor total del contrato de obra, la cual ya había sido pactada entre Antonio Sanguino y Héctor Julio Gómez González”, sostiene la Fiscalía en su acusación.
Estas acciones habrían sido realizadas por Sanguino en contravención de su deber como servidor público, al actuar fuera de los principios de transparencia e imparcialidad que exige su cargo. La acusación sostiene que estas conductas buscaban favorecer intereses particulares en detrimento de la comunidad que debía servir.
