Ubicada en el corazón de la selva de Huánuco, la Central Hidroeléctrica Chaglla, que opera sobre el cauce del río Huallaga, se ha convertido en un símbolo del creciente control chino sobre el sector energético en Perú. Esta planta, operada por la Empresa de Generación Huallaga (EGH), una filial de China Three Gorges Corporation (CTG), es la tercera más grande del país, con una capacidad instalada de 456 megavatios (MW). La adquisición de Chaglla en 2017, tras los escándalos de corrupción que involucraron a Odebrecht, marcó el inicio de una expansión significativa de las empresas chinas en el mercado eléctrico peruano.
El sector energético peruano, que incluye generación, transmisión y distribución, ha experimentado un crecimiento notable en las últimas dos décadas, pasando de 1,7 gigavatios (GW) de capacidad instalada en 2005 a 2,7 GW en 2023. Gran parte de estas inversiones se han concentrado en la cuenca del río Marañón, donde se proyectaron hasta 20 centrales hidroeléctricas. Sin embargo, estos proyectos han generado preocupación por su impacto ambiental y social en las comunidades locales. En este contexto, empresas del régimen han aprovechado las oportunidades para consolidar su presencia.
China y el control sobre la energía en el Perú
Además de Chaglla, CTG ha ampliado su influencia mediante la adquisición de otras empresas clave en el sector eléctrico. En 2020, China Yangtze Power, una subsidiaria de CTG, compró Luz del Sur por 3.590 millones de dólares, consolidando el control sobre el suministro eléctrico en Lima.
Más recientemente, en una operación de 2.900 millones de dólares, China Southern Power Grid International (CSGI) adquirió el 83% de las acciones de Enel, que abastecía el norte de la capital peruana, y renombró la empresa como Pluz. Estas adquisiciones han generado cuestionamientos sobre la concentración de poder en el mercado eléctrico, lo que llevó al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) a evaluar las condiciones de estas transacciones antes de aprobarlas.
Otro gran proyecto bajo el control de CTG es la Central Hidroeléctrica San Gabán III, ubicada en la provincia de Carabaya, en Puno. Este proyecto, que cuenta con una capacidad instalada de 205,8 MW, es gestionado por Hydro Global Perú SAC, una empresa adquirida completamente por CTG en 2022. En enero de 2025, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) aprobó una modificación en el contrato de inversión, elevando el compromiso financiero a 499,5 millones de dólares. Este desarrollo refuerza la posición de CTG como un actor crítico en el sector hidroeléctrico peruano.
Pero el interés chino en el sector energético peruano no se detiene ahí. China State Power Investment intentó adquirir Inkia Energy, matriz de Kallpa Generación y Orazul, por 2.000 millones de dólares, aunque la operación no se concretó. Inkia Energy es un actor clave en el mercado energético peruano, con una capacidad instalada de 2.237 MW y proyectos en hidroeléctrica, termoeléctrica, solar y eólica. Entre sus activos destacan las centrales Cerro del Águila, Cañón del Pato y Carhuaquero, así como la planta solar Sunny, que se espera entre en operación en 2025 con una capacidad de 338 MWp. Además, Inkia planea desarrollar dos proyectos eólicos con una capacidad total de al menos 600 MW para 2026. Si la venta se materializa, China se haría con el control del generador eléctrico más importante del país andino.
En este sentido, la relevancia de Chaglla es tal que, según el Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES), en el último trimestre de 2023, los costos marginales de electricidad en el Perú se dispararon de 30 a 200 dólares por megavatio-hora (MWh) debido a la sequía y la inoperatividad de centrales como Chaglla y Quitaracsa. Este episodio subraya lo profundo que se ha introducido el régimen en términos de diversificación y sostenibilidad energética.
Los largos brazo del régimen sobre la electricidad en el Perú
La creciente influencia de China en el sector energético del Perú ha suscitado un debate sobre las implicancias económicas, laborales y medioambientales de esta presencia. Según una entrevista realizada por Infobae Perú al investigador Jorge Manco Zaconetti, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), el control chino sobre la generación y distribución de energía, así como su participación en la explotación de recursos naturales, forma parte de una estrategia más amplia vinculada al proyecto global conocido como la Ruta de la Seda.
De acuerdo con Manco Zaconetti, el sector energético peruano está experimentando una transformación crítica debido a la participación de empresas estatales del régimen. Estas compañías no solo controlan la distribución eléctrica en áreas clave como Lima, sino que también poseen activos estratégicos en generación de energía, como el Consorcio Hidroeléctrico de Huallaga, que incluye la central hidroeléctrica de Chaglla y otros proyectos relacionados. Este modelo de integración vertical, que combina generación y distribución, ha sido facilitado por el marco legal peruano, específicamente la Ley de Concesiones Eléctricas, que permite márgenes de rentabilidad elevados.
El investigador también destacó la conexión entre el control energético y otros proyectos de infraestructura liderados por China, como el Puerto de Chancay, que ya está operativo y recibiendo carga desde puertos chinos como Shanghái. Este puerto, que aún requiere una inversión adicional de 2.000 millones de dólares, ha reducido significativamente los tiempos de transporte marítimo entre ambos países, beneficiando incluso a exportadores de países vecinos como Chile. Según Manco Zaconetti, el siguiente paso en esta estrategia sería la construcción de ferrocarriles eléctricos, que dependerán directamente del suministro energético controlado por las empresas chinas.
Pero si volvemos al plano energético, la electricidad en Perú no solo se genera con fuentes eólicas, solares o hidroeléctricas (como Chaglla), sino también con turbinas giradas por gas natural, bajo el esquema de las termoeléctricas. Manco recuerda que la estatal china CNPC controla el Lote 58 de Camisea, una reserva clave para el desarrollo del Gasoducto del Sur. Este proyecto, que lleva más de una década en etapa de exploración, es fundamental para garantizar la seguridad energética del país. Sin embargo, el avance depende de negociaciones entre el Estado peruano y la empresa china, así como de la confirmación de reservas probadas. Mientras tanto, toda la luz que consume la capital peruana proviene de su yacimiento hermano, el Lote 88, que solo tiene para alrededor de 15 años más de existencias.
China, un ejemplo poco usual en materia laboral y medioambiental
¿Cómo son las inversiones chinas en lo laboral? Para muestra, un botón: Manco asevera que empresas como la minera Shougang Hierro Perú, subsidiaria de Shougang Corporation, han sido objeto de críticas por sus prácticas laborales y medioambientales. Según el investigador, esta compañía ha enfrentado denuncias por contaminación del agua y el aire, así como por prácticas antisindicales. Además, la explotación de recursos como el hierro en Marcona ha generado cuestionamientos sobre los beneficios reales para el mercado interno peruano, ya que gran parte de la producción se exporta a China bajo esquemas de precios de transferencia que favorecen a la matriz en el país asiático.
El impacto ambiental de las operaciones chinas en el Perú también ha sido motivo de preocupación. Manco Zaconetti señaló que, en muchos casos, las empresas chinas priorizan la rapidez y la rentabilidad de la explotación sobre los costos laborales y medioambientales. Esto se ve reflejado en la falta de atención a la seguridad laboral y en la contaminación generada por sus actividades. Según el investigador, la debilidad de los organismos reguladores peruanos ha permitido que estas prácticas persistan, lo que agrava los problemas medioambientales y sociales en las zonas afectadas.
Finalmente, el investigador subrayó que la expansión china en el Perú ha sido facilitada por la falta de un Estado fuerte y de organismos reguladores efectivos. Esto ha permitido que las empresas chinas operen con un perfil bajo, evitando conflictos visibles mientras consolidan su control sobre sectores estratégicos como la energía y la minería. Según Manco, esta situación plantea compromisos impostergables para el desarrollo sostenible del país y para la protección de los derechos laborales y medioambientales frente al avance chino en la región.
El avance chino sobre las industrias energéticas en Latinoamérica
La participación de China en el mercado eléctrico peruano no es una cuestión del azar, y forma parte de un plan más amplio que envuelve a toda la región. China se ha convertido en un principal inversionista y prestamista en el sector energético de América Latina y el Caribe. Se calcula que las empresas del régimen han adquirido el 71% de las empresas en Latinoamérica en el sector eléctrico entre 2017 y 2021, por un total de 44.400 millones de dólares. Por ejemplo, la matriz de Chaglla, la china CTG, tambien mantiene 12 plantas hidroeléctricas de gran escala en Brasil.
Según el informe del Atlantic Council, un think tank estadounidense, el dominio chino en la cadena de valor solar podría limitar los beneficios de una transición hacia una economía más verde en la región. Además, se teme que este control pueda ser utilizado para obtener concesiones geopolíticas en Perú y otros países de Latinoamérica.
En un contexto más amplio, la relación económica entre China y Latinoamérica ha sido objeto de análisis por parte de expertos como Cynthia Sanborn, vicerrectora de Investigación de la Universidad del Pacífico. En su informe “China en Latinoamérica: Lecciones para la cooperación Sur-Sur y el desarrollo sostenible”, Sanborn destacó que las exportaciones a China generan más emisiones de gases de efecto invernadero y utilizan más agua por dólar de producción que las exportaciones a otros países, además de generar menos empleo. Estas dinámicas, concentradas en sectores como minería, petróleo y agricultura comercial, están asociadas a riesgos ambientales y conflictos sociales, especialmente en zonas de alta biodiversidad y fragilidad ambiental.
El impacto de Chaglla en el medio ambiente: ¿política china?
Según declaraciones de Nataly Pinedo, especialista del Programa de Sostenibilidad de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), en una entrevista con Infobae Perú, el proyecto Chaglla, que inició operaciones en 2016, ha modificado radicalmente el entorno natural y social de la zona. Entre los principales efectos se encuentran el desvío del cauce del río Huallaga, la alteración del ciclo ecológico de la fauna y flora, y la acumulación de sedimentos en el embalse, lo que afecta la calidad del agua.
De acuerdo con Pinedo, la construcción de la hidroeléctrica implicó la reubicación de comunidades cercanas al área de influencia del proyecto. Aunque no se han registrado desbordes o inundaciones directamente atribuibles a Chaglla, las poblaciones locales han manifestado preocupaciones sobre los posibles riesgos asociados con la infraestructura, especialmente en un contexto de alta pluviosidad característica de los bosques montanos de la región. Además, se han señalado impactos negativos en la biodiversidad debido a la deforestación y la pérdida de hábitats naturales.
Chaglla también ha sido criticado por la falta de procesos participativos adecuados y por la ausencia de beneficios tangibles para las comunidades locales. Según Pinedo, las poblaciones afectadas no han recibido mejoras significativas en servicios básicos ni acceso a electricidad, a pesar de la magnitud del proyecto. Este tipo de situaciones, según la especialista, refleja un patrón recurrente en los megaproyectos desarrollados en el Perú, donde no se prioriza la consulta previa ni se respetan plenamente los derechos colectivos de las comunidades indígenas y locales.
Chaglla y una historia marcada para las comunidades de Huanuco
Según Pinedo, las condiciones generales del manejo del proyecto no han mostrado mejoras significativas tras la compra. La especialista señaló que los problemas estructurales, como la falta de transparencia y la desconfianza de la población, persisten, lo que mantiene las controversias en torno a este tipo de iniciativas.
El caso de Chaglla no es aislado. Pinedo destacó que los proyectos hidroeléctricos en el Perú suelen estar rodeados de polémicas debido a problemas de corrupción, como los vinculados al caso Lava Jato, y a la percepción de que los grandes presupuestos destinados a estas obras no se traducen en beneficios reales para las comunidades. Además, la implementación de estos proyectos a menudo se realiza sin un manejo adecuado de las compensaciones a las poblaciones afectadas, lo que genera conflictos sociales y desconfianza hacia las autoridades y las empresas involucradas.
En el contexto más amplio de la gestión energética en el Perú, Pinedo subrayó que los proyectos hidroeléctricos, al igual que otras iniciativas extractivas como las petroleras y de gas natural, presentan riesgos significativos para el medio ambiente y las comunidades. En el caso de las hidroeléctricas, los principales problemas están relacionados con la alteración de los ecosistemas fluviales, la modificación de los caudales de los ríos y los impactos acumulativos en la biodiversidad. Estos efectos, según la especialista, deben ser evaluados con mayor rigurosidad antes de la implementación de nuevos proyectos.
De esta manera, la hidroeléctrica Chaglla, como uno de los proyectos más grandes de su tipo en el país, se ha convertido en un ejemplo emblemático de los desafíos asociados con el desarrollo de infraestructura energética china en el Perú. Su historia refleja la necesidad de un enfoque más inclusivo y sostenible en la planificación y ejecución de estos proyectos, que considere no solo los beneficios económicos, sino también los impactos sociales y ambientales a largo plazo.
