La Corte Suprema envió el conflicto de competencia sobre qué juzgado investigará al ex senador Edgardo Kueider a la Procuración General. Ahora, el organismo que dirige Eduardo Casal deberá emitir opinión acerca de si el caso tiene que quedar en el Juzgado Federal de San Isidro o en el Juzgado de Garantías 2 de Concordia, Entre Ríos.
En ambos juzgados hay causas abiertas por enriquecimiento ilícito y otros delitos que involucran de forma directa al ex legislador nacional. En San Isidro, Sandra Arroyo Salgado lo tiene en la mira por un período que abarca desde 2015 hasta 2019. En los tribunales entrerrianos, la lupa está puesta en un lapso más extenso que comienza en 1999, año en el que Kueider asumió como concejal de Concordia.
La cuestión de competencia quedó abierta cuando Arroyo Salgado pidió el expediente al juez Ives Bastián de Concordia y recibió una negativa. Luego de varias idas y vueltas, la magistrada llevó el conflicto de competencia positiva (porque los dos estrados quieren el caso) ante la Corte, el único superior común de ambos Juzgados.
El expediente ingresó al máximo tribunal el 4 de noviembre. Al día siguiente, el escrito fue derivado a la Procuración a fin de que se emita dictamen. Casal no tiene plazos perentorios para hacer conocer su opinión no vinculante. Sin embargo, en la Justicia evalúan que existe tiempo suficiente para que dé a conocer su posición antes de que a fin de diciembre comience la feria judicial de verano.
Cuestión de peso
Saber qué resolverá el Procurador es imposible. Sin embargo, hay indicios que marcan que podría volcar su preferencia por San Isidro.
Su evaluación será formal y además material. Considerará no solo los argumentos del esquema legal sobre el tipo de delito bajo análisis, dónde se inició primero y qué dice la jurisprudencia anterior. También pondrá en la balanza el estado de avance de ambas investigaciones. Y allí es donde el fiel se corre para el lado de Arroyo Salgado.
La causa en la Justicia Federal, en la que actúa el fiscal Fernando Domínguez, acumula 14 mil fojas de investigación. Aquí se tienen en cuenta tanto los alcances del caso contra Kueider como los de la causa madre, Securitas, donde se investiga el pago de sobornos a empresas y organismos del Estado.
La jueza de San Isidro jugó la carta de Securitas en el planteo ante la Corte. “No puedo dejar de señalar que los hechos investigados se inscriben en un panorama más amplio y trascendente como lo es el de examen, que involucra -como se dijo- la vinculación de la presente a un expediente (Securitas) en que se dilucidan matrices de corrupción estructural, afincadas en diversos organismos del estado Federal y/o provinciales”, alegó.
“El monto involucrado en los casos de posibles pagos indebidos -correspondientes a los años 2013 a 2018- ascendería cuanto menos a USD 7.600.000 (siete millones seiscientos mil dólares), mientras que la utilización de más de 300 proveedores presuntamente fraudulentos habría ocasionado una posible evasión fiscal que oscila entre ARS 2.195.662.400 (equivalente a USD 36.796.755,49) a ARS 730.173.550 (equivalente a USD 12.236.861,90)”, subrayó.
En esos expedientes se han producido unos 200 incidentes, 80 de los cuales son exclusivos de la investigación contra el exsenador entrerriano. Además, hay 75 imputados, 15 de ellos relacionados en forma directa con Kueider, y muchos tienen procesamientos firmes confirmados por la Cámara.
Asimismo, Arroyo Salgado es la responsable de haber solicitado la extradición a Paraguay del ex legislador. El planteo fue aceptado por la Justicia del vecino país. Ese expediente está corriendo y se mantiene a la espera de que concluya el juicio por tentativa de contrabando contra Kueider. Se trata del proceso por haber intentado ingresar al Paraguay con USD 200 mil sin declarar.
El desarrollo de las investigaciones en Concordia, que corren por cuenta del fiscal José Arias, es mucho menor. Si bien la posición oficial de la defensa del ex senador es que no importa en qué juzgado quede el caso, las preferencias están en la Justicia Federal. Consideran que Arias tiene un encono marcado contra el peronismo. El fiscal ya fue corrido de tres causas en las que se investigaba al ex intendente justicialista Enrique Cresto por pérdida de objetividad.
El paso próximo
Una vez que el procurador general emita su opinión, antes o después de la feria, deberá ser remitido a los ministros de la Corte. Estos podrán acordar o no con el criterio que esgrima Casal. Por los tiempos, la circulación del expediente entre las vocalías del Tribunal Supremo pasará al año próximo.
De este modo, el 2026 será un año bisagra para el futuro inmediato de Kueider. En primer lugar, quedará definido dónde se lo investigará en la Argentina. En segundo término, se establecerá en Paraguay si el paso del dinero fue o no contrabando y, llegado el caso, cuál sería la pena. Por último, deberá resolverse si es o no extraditado.
