El gobierno argentino volvió a reclamar este miércoles ante la Organización de Estados Americanos (OEA) por el secuestro en Venezuela del gendarme Nahuel Gallo, cometido por el “régimen ilegítimo” de Nicolás Maduro. Lo hizo a través de su embajador ante el organismo, Carlos Cherniak.
Gallo fue detenido el 8 de diciembre de 2024 tras ingresar a Venezuela por la frontera colombiana. Iba a visitar a su pequeño hijo y a su esposa.
Fue luego de que el organismo confirmara que el dictador Maduro oculta los resultados que le dieron la victoria electoral a Edmundo González Urrutia el 28 de julio de 2024 y mantiene vigente un poderoso sistema de represión ilegal para perpetuarse en el poder.
La presentación en la OEA fue formalizada por Gloria Monique de Mees, relatora para Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante una reunión del Consejo Permanente del foro regional. Allí, leyó una actualización de cinco fojas sobre la situación política y social en Venezuela, que confirma que Maduro lidera un aparato represivo destinado a proteger la dictadura caribeña ante los reclamos de la oposición política.
Es por ello que, en su exposición, Cherniak hizo varias veces referencia a Mees. “Cuando un proceso democrático es fraguado, no es ni representa un hecho único que culmina cuando se instala el régimen ilegítimo. Todo lo contrario, el crimen es continuado cada día de esa ilegitimidad, el crimen se sigue cometiendo. Cuando un régimen político ilegal e ilegítimo viola sistemáticamente los derechos humanos, como lo expresa claramente la relatora, nos obliga como Organización a comprender la gravedad de la situación”, comenzó su presentación el argentino.
“Cuando una de las acciones sistemáticas de violación a los derechos humanos es la desaparición forzada de personas, el crimen no termina el día de la desaparición, sino que empieza y continúa sin solución de continuidad hasta estos días. Seguramente, todos han escuchado nuestra denuncia respecto del ciudadano argentino Nahuel Gallo. Hay muchos Nahuel Gallo, como señalara la relatora, pero nosotros queremos ponerle nombre y apellido para que esta desaparición forzada no parezca como un número dentro de una estadística”, reclamó Cherniak.
Por otro lado, el representante argentino advirtió que “cuando un régimen político se convierte en un exportador de organizaciones terroristas, se convierte en un factor de desestabilización regional, afectando la seguridad multidimensional”.
“¿Cuál es la obligación moral que tiene esta Organización respecto del caso venezolano? ¿Cuál es la responsabilidad política que tiene nuestra Organización? Proactividad, denuncia, exponer públicamente lo que está ocurriendo, pero jamás naturalizarlo o silenciarlo. Nosotros somos y debemos ser la voz de los sin voz, de aquellos que padecen el régimen“, exclamó el embajador.
Además de la falta de respuestas en cuanto al resultado electoral, en su informe Mees expuso que en Venezuela “se han cometido sistemáticamente actos de represión estatal y graves abusos contra los derechos humanos», incluyendo miles de detenciones ilegales y asesinatos de opositores.
«Muchas de las detenciones se han convertido en detenciones arbitrarias prolongadas y desapariciones forzadas», reclamó el informe.
Mees, concluyó: “La Comisión lleva mucho tiempo advirtiendo del colapso de la democracia en Venezuela: la erosión de los derechos humanos, el desmantelamiento del Estado de derecho y la ruptura de las instituciones democráticas. Hoy vemos cómo este colapso se manifiesta en un Estado que reprime la disidencia, silencia a la oposición y manipula las herramientas de la justicia para afianzar su propio poder”.
El secretario General, Albert Ramdin, no participó en la presentación de la CIDH, pese a la importancia del asunto para la agenda de América Latina. En su lugar, a través de un discurso liviano y formal, tomó la palabra Sebastián Kraljevich, secretario para el Fortalecimiento de la Democracia.
Costa Rica, Estados Unidos, Canadá, Paraguay, Perú, Guatemala y Ecuador, con diferentes palabras y tonos, se mostraron críticos con el régimen venezolano.
México, Colombia y Bolivia, por su parte, optaron por el silencio diplomático.
Y la representante de Lula da Silva, aliado de Maduro, apeló al principio de la no injerencia en los asuntos internos para evitar la crítica política al dictador caribeño.
