En la mañana del domingo 4 de mayo el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre la muerte de Alberto Peña, militante de la Colombia Humana y el Pacto Histórico, en Miranda, Cauca.
El presidente señaló que es prioritario dar con los responsables del crimen, por lo que hizo un llamado a la Policía Nacional para poner en ello todos los esfuerzos institucionales. Asimismo, hizo un llamado a los grupos armados ilegales para que depongan las armas y se sometan pacífica y voluntariamente al Estado. De lo contrario, anunció que no habrá contemplaciones en el accionar militar.
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“Los que quieran la paz la recibirán y hablaremos como seres humanos, los que quieran el traqueteo, serán enfrentados con firmeza.Las bandas armadas del narcotráfico extranjero, no deben tener cabida en el territorio nacional. Quienes les ayudan en ese empeño de controlar tierra patria, deben abandonar de inmediato esa actividad. Ningún colombiano debe vulnerar la soberanía nacional”, escribió en su cuenta de X.
Dijo que los asesinatos de líderes sociales y policías constituye un delito de lesa humanidad y que, por ese motivo, el Estado buscará el apoyo internacional necesario.
“Los asesinatos cometidos sistemáticamente contra un grupo poblacional es un delito de lesa humanidad. La agencia jurídica del Estado, debe proceder a sistematizar los asesinatos evidentes contra población civil para presentar los casos ante la justicia internacional. Todo grupo armado al servicio del narco en Colombia, debe saber que su actividad de asesinato de la población civil colombiana será juzgada como crimen contra la humanidad por instancias nacionales e internacionales”.
Las dramáticas cifras de violencia; plan pistola sigue siendo causa de miedo en el país
Entre el 15 y el 26 de abril de 2025, al menos 18 policías y cuatro soldados fueron asesinados, en medio de una ofensiva que no solo proviene del Clan del Golfo, sino que también cuenta con la participación activa de disidencias de las Farc y del ELN.
La Fundación Paz y Reconciliación (Pares) lleva las cuentas que hoy tienen contra las cuerdas a los uniformados de la Fuerza Pública en el país. En un informe, señalan que esta estrategia de atacar directamente a miembros de la fuerza pública no es nueva. Ya desde 2012, tras el asesinato de su hermano alias Geovanny, el entonces líder del Clan del Golfo, alias Otoniel, impulsó una práctica heredada del narcoterrorismo, ofrecer recompensas por asesinar policías. Este método, conocido como plan pistola, recuerda al que instauró Pablo Escobar a finales de los años ochenta.
“Desde entonces cada cierto tiempo aparecen cifras escalofriantes”, apunta el documento. En efecto, “Iván Mordisco”, líder de una facción disidente de las Farc, llegó en 2023 a ofrecer hasta cuatro millones de pesos por cada policía asesinado, siguiendo el patrón que en su momento impuso Escobar, que llegó a pagar cinco millones de pesos de la época.
La persistencia del plan pistola y la ofensiva contra la fuerza pública en Colombia no solo representan una amenaza directa a la seguridad del Estado, también revelan una peligrosa fractura social. La violencia sistemática contra policías deslegitima la autoridad institucional y envía un mensaje inquietante, matar agentes del orden puede ser rentable.
El impacto va más allá de los números, las comunidades comienzan a ver a los policías no como protectores, sino como objetivos o estorbos. Esto erosiona la confianza entre ciudadanía e instituciones, alimenta la impunidad y normaliza la violencia como vía de ascenso económico. Además, jóvenes vulnerables se convierten en mano de obra para el sicariato, atrapados en un ciclo de pobreza y criminalidad. Frente a esta realidad, el reto no es solo militar, sino social y cultural: reconstruir la legitimidad del Estado y ofrecer alternativas reales a quienes hoy ven en el crimen su única salida.
