17 de enero de 2019, Zaragoza. A través de redes sociales se convoca una concentración con el lema “Contra el acto fascista de Vox”, por lo que se establece un amplio dispositivo policial de seguridad en previsión de posibles alteraciones del orden público en las inmediaciones del Auditorio donde el indicado partido político iba a celebrar un mitin, así como en las inmediaciones del Parque Grande donde había sido convocada a las 19:00.
Unos 15 minutos antes, sobre las 18:45, un grupo de doscientas personas, según describe los hechos probados de la sentencia condenatoria, se concentraron en el Parque Grande bajo el grito de “Vamos a llegar hasta el Auditorio”. Aquí se empiezan a encarar a los agentes, “saliendo del Parque e invadiendo la calle Fernando el Católico”, lo que provocó el corte de circulación de vehículos y del tranvía.
Para impedir que los manifestantes accedieran al Auditorio se les canalizó por una barrera policial hacia la Plaza de San Francisco, donde el grupo profirió frases a los agentes como “perros del Estado” y “asesinos a sueldo”, mientras les propinaban patadas, puñetazos y empujones.
Lanzamientos de piedras y adoquines
La tensión iba en aumento y los participantes accedieron al interior del campus universitario, saliendo por una calle cercana un grupo aproximado de ochenta personas, “que comenzaron a lanzar indiscriminadamente piedras y adoquines que arrancaban del suelo contra las fuerzas del orden”, alcanzando a agentes y vehículos gigantes. También se quemaron tres contenedores pertenecientes a la empresa FCC Servicios Ciudadanos.
El grupo se redujo a unas cuarenta personas y se desplazó hacia la calle Pedro Cerbuna. Los manifestantes “continuaron lanzando piedras y adoquines” lo que hizo preciso “la utilización por parte de las fuerzas del orden de material antidisturbios”.
Los altercados acabaron y un horas más tarde se detuvo a seis individuos en bares cercanos: Antonio Daniel L. D., Adrián L. R., Imad M. B. y Francisco Javier A. V., ‘Javitxu’, todos mayores de edad, y otros dos menores. Según los agentes fueron parte de los disturbios llevados a cabo, pero ellos desde un primer momento defendieron que solo participaron en la manifestación. Sin más pruebas que las declaraciones de la Policía fueron detenidos, condenados y encarcelados como autores los delitos de desórdenes públicos y atentado contra agentes de la autoridad.
Las declaraciones de los policías son prueba suficiente para la condena
A los dos menores involucrados se les impuso una multa y un año de libertad vigilada, pero para los adultos el proceso judicial fue más largo. Primero, la Audiencia Provincial de Zaragoza las castigó a 6 años de prisión. El caso fue elevado al Tribunal Superior de Justicia de Aragón, donde la pena subió a siete años y por último, en febrero de 2024, el Tribunal Supremo fijó la condena en 4 años y 9 meses para cada uno.
Los cuatro condenados recurrieron ante el Alto Tribunal alegando vulneraciones de derechos fundamentales y errores en la valoración de la prueba. En sus escritos sostenían que no había quedado probado su participación directa en los actos violentos y denunciaron indefensión por la denegación de una prueba pericial sobre unas grabaciones aportadas, con las que defendían que podían demostrar su inocencia, ya que no salían en los mismos.
Los magistrados lo rechazaron, porque las grabaciones tenían poca nitidez y las declaraciones de los policías eran prueba suficiente para la condena. También cuestionaron la fiabilidad de los testimonios policiales y reclamaron que no se precisaron los hechos individuales que se les atribuían. Para el Supremo fue suficiente la argumentación de coautoría dentro de los disturbios para mantener sus condenas.
Sin embargo, si que se estimaron parcialmente los recursos al detectar un exceso punitivo: el tribunal de apelación había impuesto dos penas separadas por delitos derivados de un único hecho. El Supremo corrigió la aplicación del Código Penal y fijó una única pena de tres años y nueve meses de prisión para cada condenado, al entender que concurría un concurso ideal entre los delitos de desórdenes públicos y atentado.
10.000 firmas de apoyo al indulto
Desde el momento en el que se conoció este último fallo, comenzó la campaña para pedir el indulto de los condenados. El 2 de abril de 2024 desde la plataforma ‘Libertad 6 de Zaragoza’ formalizaron una solicitud de indulto ante el Ministerio de Justicia, con más de 10.000 firmas y apoyo de personas y organizaciones.
Entre las firmas, destacaron 70 personas provenientes del mundo de la cultura, como Kase.O, Pepe Viyuela, Alba Flores y Nacho Vegas; del periodismo, como Olga Rodríguez, Miquel Ramos y Antonio Maestre; del sindicalismo, como Miguel Fadrique (CGT) y Félix Irizar (ESK); y de la política, como Carla Antonelli, Gerardo Pisarello, Pablo Iglesias, Alberto Garzón, Teresa Rodríguez y Alberto Cubero.
“Frente a los discursos de odio hay que plantarse”
“A día de hoy no tenemos ningún tipo de noticia sobre el indulto”, denuncia Pablo Rochela, uno de los portavoces de la plataforma. “¿A qué espera el Gobierno de coalición para poner fin a esta injusticia? ¿A qué espera el PSOE y Sumar para liberar a estas personas?“, preguntó Rochela en un acto convocado la semana pasada.
En su discurso apuntó directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta, Yolanda Díaz, y les recrimina el hablar de ser víctimas “de la persecución de la extrema derecha y del lawfare, pero sin embargo utilizáis las herramientas del Estado para ser partícipes de la represión”. También señala a Pilar Alegría, como ministra y secretaria general del PSOE de Aragón.
“Recordamos que la condena a los seis de Zaragoza no se basa en ninguna prueba. Se sostiene únicamente sobre la opinión policial en la que se ha demostrado durante el proceso judicial que esa Policía tenía muchas contradicciones”, denuncia.
Otra de las portavoces pone el foco de lo ocurrido en la llamada Ley de Mordaza, que “otorga más poder político y social a la policía, lo que permite sentencias donde la voz de la policía es suficiente para condenar”. “Con el caso de los seis de Zaragoza está en juego el derecho a manifestarse ante la extrema derecha. Frente a los discursos de odio hay que plantarse”, explica y añade que “manifestarse ante estas violencias no puede ser un delito, es una obligación democrática”.
