A pocos días de haberse cumplido 10 años de su detención, el Gobierno solicitó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el fin de la prisión domiciliaria de Milagro Sala, quien permanece bajo ese régimen desde 2017 en cumplimiento de una disposición del tribunal internacional. El pedido oficial busca que la dirigente social jujeña pase a cumplir su condena en un establecimiento penitenciario común.
El pedido fue realizado por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación, que alegó que la solicitud responde a que Milagro Sala, exlegisladora provincial y referente de la Organización Barrial Túpac Amaru, fue condenada por delitos de asociación ilícita, fraude a la administración pública, extorsión y amenazas.
La sentencia firme establece una pena de quince años de prisión e inhabilitación absoluta. La Subsecretaría, que depende de Joaquín Ignacio Mogaburu, sostiene que la prisión domiciliaria representa un beneficio que “no corresponde dada la gravedad de los delitos”.
En la presentación ante la CIDH, el Estado argentino rechazó las denuncias de “hostigamiento judicial” presentadas por la defensa de Sala. La documentación oficial incluyó registros que, según el Ministerio, muestran que la dirigente habría violado las condiciones de su arresto domiciliario tras cambiar de domicilio sin la autorización judicial correspondiente. Ese movimiento activó alertas en el sistema de monitoreo electrónico, lo que motivó acciones de control adicionales por parte de las autoridades penitenciarias.
El Ministerio indicó que “presentar esas medidas de supervisión como hostigamiento busca instalar un relato para mantener un privilegio que no corresponde”. Según el organismo, la República Argentina cumple con las obligaciones internacionales asumidas, aunque advierte que la medida de la CIDH terminó convertida en un beneficio que mantiene a Milagro Sala en su hogar, pese a tener sentencia firme.
En su comunicado, el Ministerio de Justicia de la Nación, presidido por Mariano Cúneo Libarona, afirmó que “la República Argentina cumple con sus obligaciones internacionales”, pero remarcó que “esta medida de la Corte Interamericana se transformó en un claro beneficio que mantiene en la comodidad de su hogar a un criminal que robó a los pobres, pese a tener una condena firme”.
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