La sesión para darle media sanción al proyecto de modernización laboral en el Senado ya tiene fecha. Los libertarios confían en que el 11 de febrero podrán dar una señal política contundente que ayude a bajar el riesgo país para luego completar el trámite parlamentario en Diputados una semana después. Si bien el Poder Ejecutivo no aún convocó formalmente al segundo tramo de sesiones extraordinarias, las espadas legislativas libertarias reconocen que todos los esfuerzos se concentrarán en aprobar la modernización laboral: las -más de una vez- anunciadas reformas penal y tributarias quedarán para más adelante.
Cuando Milei firmó el llamado a sesiones extraordinarias durante diciembre, incluyó en el temario seis proyectos: el Presupuesto 2026, la ley de Inocencia Fiscal, el Compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria (prohibir el déficit), la reforma laboral, la modificación de la Ley de Glaciares y la reforma del Código Penal.
Antes de que terminara el 2025 La Libertad Avanza logró sancionar los dos primeros y también pudo dictaminar la reforma laboral en el Senado y la regla fiscal en Diputados. Sin embargo, durante el receso sólo hubo contactos con la oposición y con los gobernadores en relación a los cambios en la legislación del trabajo. Y tangencialmente se dejó trascender que la ley de glaciares podría ser moneda de cambio para sumar votos entre las provincias mineras.
La reforma penal fue anunciada en varias oportunidades durante el año pasado. En conferencia de prensa la por entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich detalló que se endurecerían las penas para los delitos de homicidio, robo, narcotráfico, pornografía infantil y trata de personas. También incluiría la no prescripción del abuso sexual y del homicidio agravado. Bullrich sostuvo que la reforma apuntaría a “dejar atrás la doctrina Zaffaroni” para que la sociedad deje de encontrarse “a la vuelta de la esquina con delincuentes que deberían estar presos”. Significaría el fin de la “puerta giratoria”.
Sin embargo, el texto nunca llegó al Congreso y difícilmente comience a debatirse durante febrero ya que los proyectos para endurecer penas suelen traer aparejados intensos debates. En el Gobierno, al parecer, parecen entender que la reforma laboral por sí sóla generará suficiente ruido político para sumar nuevas batallas.
En cambio, la reforma tributaria, también anunciada en más de una oportunidad por el Gobierno, se vio afectada por el trámite del Presupuesto 2026. El Gobierno esperaba derogar las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario, para tener mayor margen fiscal. Pero la caída del capítulo XI no estaba en sus planes y dejó en evidencia cierta mala praxis a la hora de contar los votos.
Si bien no está en carpeta una reforma integral del régimen tributario. El proyecto de modernización laboral incluye un capítulo con varios cambios sustanciales. De hecho, sobre ese punto se concentraron las críticas de los gobernadores, que reclaman algún tipo de compensación por la merma en los fondos coparticipables que se reparten entre las provincias.
Entre las propuestas se destacan la reducción de impuestos internos a algunos sectores, una baja de Ganancias para las sociedades, la creación del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), orientado a promover inversiones productivas de empresas que califiquen como micro, pequeñas o medianas, y la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que se conformará con el 3% de las contribuciones patronales, que dejarán de ir al sistema previsional para constituir un fondo individual por empresa destinado a futuras indemnizaciones.
Este viernes se reunió en la Casa Rosada la mesa política del Gobierno de la que participaron el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el asesor presidencial, Santiago Caputo; la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro del Interior, Diego Santilli; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; y el secretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.
Allí comenzó a delinearse la estrategia parlamentaria pero no hubo consenso respecto a qué tipo y cuántas concesiones deberían otorgarse a las provincias para garantizar su apoyo a la reforma laboral.
Por su parte, la oposición se enfoca en juntar votos para derogar el DNU que reformó la SIDE. El decreto fue enviado este jueves a la comisión bicameral de trámite parlamentario pero como no está constituida, difícilmente pueda comenzar a analizarlo. Pasados diez días hábiles, el 29 de enero, cualquiera de las Cámaras podrá llevarlo al recinto para votar sobre su validez.
En Diputados la oposición no está tan lejos de alcanzar el quórum para abrir una sesión especial en febrero. A los 93 diputados del peronismo se sumarían 22 de Provincias Unidas y 4 de la Izquierda y algunos “líberos” como la cordobesa Natalia De la Sota y el puntano Jorge “Gato” Fernández. Como base son 121, pero tendrán que sumar por lo menos 8 voluntades más.
En tanto, en las filas libertarias confían en que no tendrán problemas en blindar el decreto en el Senado, con eso bastará para que siga vigente.
