En medio del escándalo por el manejo de dinero de Sur Finanzas, la financiera ligada al mundo del fútbol y que fue sponsor de varios torneos de la Liga Argentina y prestamista de muchos clubes, mañana se producirá la sentencia por el primer juicio que enfrentan dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino por el manejo de dinero en toda su historia. Se trata de la causa Fútbol para Todos, que tuvo en la mira a varios directivos de la casa madre, a políticos de muy alto perfil, a dirigentes de Agremiados y de distintas casas de cambio y que llega a su final con pedidos de pena de prisión para Aníbal Fernández y Jorge Capitanich, ex jefes de Gabinete del gobierno de Cristina Fernandez de Kirchner, para Luis Segura, presidente de la AFA por entonces y para los integrantes de Agremiados Carlos Pandolfi y Norberto Monteleone.
A las 11 de la mañana se producirán las últimas palabras de Eduardo Amirante y Jorge Galitis, dueños de la cooperativa Amigal, donde se cambiaban cientos de cheques de los clubes de fútbol y tras ello, el Tribunal Oral Federal 1 integrado por los jueces José Michilini, Adrián Grunberg y Ricardo Basílico irán a deliberar y a las 15 horas darán su veredicto. El fiscal Miguel Ángel Osorio pidió penas de entre 8 meses y tres años de prisión y para los funcionarios públicos solicitó la accesoria de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
El proceso se inició en 2014, impulsado por la por entonces legisladora Graciela Ocaña, quien denunció a los hoy acusados y a muchas otras personas vinculadas al fútbol por malversación de fondos en el programa Fútbol para Todos, que por entonces llevaba gastado la cifra de 7000 millones de pesos desde su creación en 2009. La causa recayó en el juzgado de la doctora María Servini, quien allanó la AFA, financieras, 25 clubes e impulsó la causa contra una veintena de funcionarios, directivos y financistas. La maniobra que se les imputaba era que una vez que se recibía el dinero desde el Estado como contraprestación por los derechos de televisación de los partidos, la AFA en vez de transferírselos a los clubes inmediatamente les daba cheques posdatados a 90 y 120 días, que eran cambiados al instante por las instituciones, ya que necesitaban el efectivo para pagar sus compromisos. Y esos documentos de pago no los cambiaban en bancos a tasas normales, sino en financieras y cooperativas supuestamente ligadas a directivos del fútbol y al poder político de entonces, con tasas de redescuento usurarias que permitían un retorno muy importante.
¿Por qué están los jefes de Gabinete acusados si el Gobierno transfería la plata en tiempo y forma? Porque para la fiscalía defraudaron al Estado al no velar que se cumplieran los objetivos fijados cuando se hizo el contrato asociativo con la AFA. En aquella rúbrica se decía que la medida traería el saneamiento de los pasivos de las instituciones, que generaría tantos ingresos que parte de ellos irían a fortalecer al deporte olímpico y todo con la posibilidad de que el público no tenga que pagar ningún canon para ver los encuentros. Pero el resultado fue ruinoso y todos los clubes aumentaron sus pasivos. Por eso el fiscal Miguel Angel Osorio pidió una pena de tres años de prisión e inhabilitación a perpetuidad para cargos públicos para Aníbal Fernández y de ocho meses para Jorge Capitanich, quien debería asumir su banca como senador la próxima semana, aunque, si es condenado al no estar firme el fallo, no tendría problemas en principio para sumarse al Congreso.
En sus defensas, ambos dijeron que, al transferirse todo normalmente, no hubo ningún delito, y en todo caso si finalmente el programa no fue exitoso, no tuvo que ver con una defraudación estatal sino con la mala gestión de la venta de publicidad, algo que podría ser como mucho una negligencia pero nunca un delito.
En el caso de los dirigentes de AFA, el fiscal sólo terminó acusando a Luis Segura por presidente de la institución por administración fraudulenta y pidió para él dos años de prisión, mientras que solicitó la absolución del resto de los directivos, entre ellos del gerente financiero y del secretario general de AFA. También pidió por el mismo delito dos años de prisión para Natale Rigano, presidente de la empresa Iveco, que era el sponsor de los torneos, y un año de prisión para Carlos Pandolfi y Norberto Monteleone, ex integrantes de la Fundación “El Futbolista” y de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), que supuestamente recibían un porcentaje del dinero del programa que no estaba explícito en el contrato. Para todo el resto de los acusados pidió la absolución, incluyendo a Sergio Marchi, secretario general del gremio, y a los dueños de las financieras que llegaron a juicio por el mismo delito.
Al mismo tiempo, la fiscalía solicitó que los acusados paguen 456 millones de pesos, que sería el monto de lo producido ilegalmente por la administración fraudulenta del Fútbol para Todos.
Lo que decida a media tarde el Tribunal Oral, justo al mismo tiempo en que se esté sorteando el fixture del próximo Mundial, es de mucha relevancia: casi no hay antecedentes de dirigentes del fútbol en el banquillo por administración fraudulenta. El caso más resonante tiene más de 15 años y fue el de Fernando Miele, ex titular de San Lorenzo de Almagro, quien terminó absuelto. Y sobre la AFA, es la primera vez que un proceso llega a esta etapa de definición de sentencia. Hasta ahora, todas las causas que se abrieron tanto en la administración de Julio Grondona como en la actual gestión de la AFA, los acusados fueron sobreseídos en la etapa de instrucción. Por eso este juicio podría ser un parteaguas en la relación del fútbol argentino con la Justicia.
