La Auditoría General de la Nación (AGN), que es el organismo de control externo de los gastos del Estado, podría empezar el año paralizada si el Congreso no aprueba el Programa de Acción Anual (PAA) 2026, según advirtió esta tarde la oposición en la comisión bicameral Mixta Revisora de Cuentas, que comanda el diputado del peronismo disidente Miguel Pichetto y es el enlace con la entidad que lidera el legislador porteño electo por el kirchnerismo Juan Manuel Olmos.
Desde hace meses que la AGN se convirtió en un problema para el Congreso. Es que Diputados y el Senado nunca votaron a sus representantes -tres por cada Cámara- y Olmos quedó al frente, en soledad. Con Pichetto a la cabeza, la bicameral más que agilizó todo el trabajo demorado de gestiones anteriores. Para tener una idea, durante el convite de esta tarde el rionegrino recordó, más allá de los 550 expedientes tratados en la comisión, la definición de las Cuentas de Inversión 2017, 2018, 2019 y 2020. Es decir, de las administraciones de Mauricio Macri y el kirchnerista Alberto Fernández. En menos de un mes y medio finaliza 2025.
La novela de la AGN ahora continúa con el PAA. “Tratemos de trabajar esta semana con los comentarios que nos hagan llegar para cerrar plan. Si no, -la ANG- se queda sin plan y no se va a poder trabajar durante enero y febrero”, observó el diputado del peronismo disidente, atento al inicio de sesiones ordinarias del 1 de marzo. Minutos antes apuntó sobre las diversas sugerencias que aparecen para ampliar el mismo y, en esa línea, sugirió “hacer uso de esta responsabilidad de manera razonable y equilibrada”. Sobre el final del convite, sentenció: “Auditar a todo el Estado es imposible”.
El legislador también dijo que se comunicó con los presidentes de las comisiones de Presupuesto de Diputados y del Senado, los libertarios Alberto Benegas Lynch y Ezequiel Atauche, respectivamente. Por usos y costumbres, tras la aprobación de la bicameral y, con las firmas de ambos, se podría dar por cerrado y validado el PAA. Se habló además sobre la posibilidad de que sean los vice, butacas hoy en manos de la oposición.
Al término del convite, se deslizó la idea de juntarse de nuevo entre el martes y jueves próximos para saldar todo este asunto. Y quedará pendiente la resolución en ambas Cámaras de sus representantes. En el Senado, el kirchnerismo presiona al radicalismo para unirse y poner dos ellos y uno del centenario partido, con el fin de dejar a La Libertad Avanza sin un soldado en la AGN. Por cómo está el Congreso hoy y, ante la renovación de diciembre, no hay un solo legislador que pueda asegurar nada. A cada hora surge una versión distinta.
Privatizaciones
En otro tramo del encuentro, reapareció la eventual privatización de Nucleoeléctrica Argentina que empuja la Casa Rosada. Le cayó como un anillo al dedo al senador del peronismo disidente Juan Carlos Romero (Salta), que tiene un proyecto presentado sobre el tema. El corazón de la iniciativa es, según afirmó, “incorporar a la empresa al sistema de la bolsa de valores”, con oferta pública de acciones y que funcione como lo hace YPF en la actualidad. Sí criticó la “herencia recibida” de la petrolera.
Ante un puñado de consultas realizadas, Romero detalló su texto: 51% para el Estado, 44% para los privados -intento de atomizar ese porcentaje- y un 5% para los empleados. Un punto sobre el que manifestó preocupación el senador: el dato certero de la tasación. Por caso, lanzó: “El Estado le debe una cantidad de dinero por energía provista, y no es el mismo valor si eso se encuentra como pérdida o si se cuenta como caja”. Sobre este ítem, Pichetto sumó: “Nucleoeléctrica le vende energía a CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima) y no le paga. Así funciona el sistema eléctrico argentino”.
Romero añadió: “La tasación es clave y el tribunal nacional se autoexcluye, como en este caso o en el de los ferrocarriles, porque no está en condiciones de efectuar la tasación. Es la respuesta que cualquier proceso no transparente estaría esperando”. Y aclaró que todo el proceso no debe implicar una pérdida de “la trayectoria histórica del país en investigación y tecnología”.
