El juicio a los cuadernos de las coimas, uno de los mayores casos de corrupción de la historia, en el que están acusados Cristina Kirchner, exfuncionarios y 65 empresarios que en su amplísima mayoría representan al sector de la obra pública, comenzó este jueves en el Tribunal Oral Federal (TOF 7).
Se espera que sea un proceso extenso que puede llevar cerca de tres años para comenzar a vislumbrar la etapa de las condenas. Para dar cuenta de la magnitud del caso, en el primer mes del juicio el TOF 7 solo se hará la lectura de las presentaciones y las imputaciones. Las rondas de las indagatorias, que involucrarán en algún momento a la dos veces presidenta, llevarán más tiempo.
Es por eso que en el Gobierno no planean realizar mayores acciones mediáticas por el juicio, más allá de la evidente vinculación de Cristina Kirchner en un presunto entramado de corrupción, que consideran que va a contribuir a la narrativa libertaria contra el kirchnerismo.
Milei suele darle una orden explícita a su cúpula de Gobierno. “Soy Poder Ejecutivo. No tengo nada que decir ni que hacer. Que la Justicia haga lo que considere necesario”, consta que le dijo a un interlocutor en el marco de la definición de la modalidad de la prisión de Cristina en junio de este año. Es por ese motivo que el Presidente no tiene intenciones de postear en sus redes nada vinculado al avance del proceso.
Cuando se inició el juicio, Milei se encontraba en la ciudad estadounidense de Miami para disertar en la cumbre global de liderazgo American Business Forum, y luego volará hasta Palm Beach para cerrar un evento de la organización CPAC, la cual está vinculada a Donald Trump.
El debate por cargos sensibles en la Justicia
En Buenos Aires la agenda parece permanecer relativamente estática mientras se definen asuntos relevantes de la futura composición del gobierno nacional. En lo que refiere a la agenda judicial, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, seguirá en su cargo pese a haberle dicho públicamente a Infobae que iba a renunciar por cuestiones personales y de salud. De hecho, el funcionario no pudo asistir a la jura de Manuel Adorni como jefe de Gabinete porque tuvo una intervención quirúrgica que había sido programada con meses de anticipación.
El pedido para que se quede en la función pública un tiempo más fue hecho directamente por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Está previsto que siga en su cargo hasta final de año, con posibilidad de extenderse hasta después de febrero.
El Ministerio de Justicia es un área que, desde que inició la gestión nacional, fue de influencia del asesor presidencial Santiago Caputo. En los hechos, el funcionario que estuvo a cargo del vínculo político con el Poder Judicial fue el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, alguien que responde directamente al consultor mileísta.
Por ahora, el plan es que el futuro reemplazante de Cúneo Libarona sea Amerio o una persona de su entorno. Pero todo se retrasó por el llamado de la hermana presidencial para que se quede el actual ministro.
Amerio prefiere seguir en su rol de Secretario de Estado y no asumir el primer mando ministerial. El motivo es el cambio de tareas que implicaría ese nuevo rol: aquello lo obligaría a realizar un sinfín de actividades de corte protocolar y de viajes que le impedirían realizar las gestiones que actualmente hace.
Lo que se está poniendo en juego para las próximas semanas no es menor. La mitad de los cargos de jueces nacionales y federales podría quedar vacante para fin de año -actualmente, el 32% de los 956 cargos de jueces está sin un titular formal-. La Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, advirtió recientemente que se va a llegar al 40% de los cargos de defensores con vacancia. Desde hace más de dos años que tampoco se nombran fiscales en la Argentina.
Amerio realizó un anuncio hace casi un año de que iban a enviarse al Senado un total de 150 candidaturas. Esa decisión nunca terminó de materializarse también por un pedido del Presidente de que no quería que haya discusiones sobre pliegos en medio de un año electoral.
Eso prevé desbloquearse en los próximos meses. El Gobierno ya tiene una lista preliminar de candidatos en la gran mayoría de juzgados federales. Pero también resta por definir nombramientos de altísima sensibilidad: los candidatos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Procuración General.
El máximo tribunal se encuentra con una conformación mínima conformada por Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz. El Gobierno no ve con malos ojos extender el número de cinco integrantes a siete como parte de una negociación con el kirchnerismo para poder movilizar una mayor cantidad de integrantes que permita sellar un acuerdo político.
Paradójicamente, al calor del juicio que se inicia esta jornada, el Gobierno precisa pactar con Cristina Kirchner para que esta habilite los votos en el Senado que permitan llegar a los dos tercios de las bancas y, así, movilizar las candidaturas.
Pero hay un cargo de altísima sensibilidad que tendrá una relevancia inusitada hasta entonces: el Procurador General de la Nación. Se trata de la persona que comanda el Ministerio Público Fiscal -considerado como una suerte de “cuarto poder”. Esta área es la que dictamina sobre las causas que llegan a la Corte, tiene un caudal de información de extremísima sensibilidad que no se accede desde ninguna área del Estado y decide sobre la actividad y la remoción de los fiscales.
El Sistema Acusatorio que puso en marcha el Gobierno tiene un carácter cuasi revolucionario en la forma en la que se operativizan las causas: los fiscales pasan a tener la mayoría de las responsabilidades de la investigación de las causas, algo que antes tenían los jueces. El Ministerio de Justicia no logró aplicarlo todavía en el lugar de mayor influencia de todo el país: los tribunales federales de Comodoro Py.
¿Karina Milei tiene intenciones de avanzar sobre el área judicial que comanda entre las sombras Santiago Caputo? Al menos por ahora, no hay una intención manifiesta de querer colocar a un responsable suyo en el organigrama ministerial. El sector vinculado a los Menem tampoco posee operadores judiciales de fuste ni tampoco han iniciado conversaciones como para colocar a algún juez cercano en las negociaciones.
En tanto, ese ecosistema ya abre el paraguas para un caso puntual. “Si un gobernador le interesa el juzgado electoral o de otro tipo en su provincia y lo pone como condición para algún voto, no tengo dudas de que eso lo va a terminar dirimiendo Karina”, marcan en el entorno de la hermana presidencial.
