Tras intentos de sesión agitados por el cristinismo, el Gobierno tendrá una semana previa a las elecciones más tranquila de lo previsto en el Senado, aunque mira con preocupación el post 26-10. A La Libertad Avanza le espera, sin considerar el resultado de los comicios, una espinosa agenda hasta diciembre, que incluye las modificaciones de la ley que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), pedidos para que asistan funcionarios, la votación de una eventual Defensora del Niño y una feroz puja por el Defensor del Pueblo, entre otras cosas a considerar.
Estas cuestiones fueron instaladas adrede y con un hilo cronológico por opositores férreos y dialoguistas. Nada al azar. Es decir, un ramillete de iniciativas que bien podría haberse saldado tiempo atrás y ahora quedó a punto gatillo en la Cámara alta. El más delicado es el de los DNU, un instituto regulado desde 2006 por una norma que empujó la hoy condenada -con prisión domiciliaria- Cristina Kirchner, sobre el que diversas administraciones hicieron uso y abuso. Fue la respuesta más potente -peor que la insistencia de vetos- a todos los cariños enviados por Javier Milei desde que inició su gestión hacia el denostado Congreso.
También hay motivos personales, como los de la otrora legisladora “friendly” del peronismo disidente Alejandra Vigo, titular de la comisión de Asuntos Constitucionales. De la nada, agitó la discusión de los DNU y empujó un dictamen exprés. Cuando el primer mandatario criticó a su marido y exgobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, aceleró pedidos de interpelaciones a funcionarios. No obstante, no todos los despachos consiguieron las firmas necesarias. ¿Quiénes se corrieron de la avanzada? Varios cristinistas. Poca mención hubo.
El texto de DNU que salió del Senado establece que pasen a tener un plazo de 90 días corridos para ser aprobados sin excepción y “con mayoría absoluta” por ambas Cámaras. En la actualidad, si las dos en conjunto no lo voltean -sin registro de tiempo-, los mismos siguen en curso. Además, se incorpora que caerían ante la votación negativa de un solo Cuerpo, salvo los derechos adquiridos en una supuesta corta vida.
La andanada opositora se trabó en Diputados: legisladores antilibertarios validaron en general la iniciativa hace 12 días, aunque la modificaron durante la definición en particular. Lo que no recibió mayoría absoluta -este tipo de normas la precisa- fue el artículo tres, el de los 90 días. Por este motivo es que ahora habrá que insistir con la versión original -lo que se estima- o con la propuesta que devolvió la Cámara baja.
El Senado sí consiguió dilatar los dictámenes de dos o tres proyectos que generan rispideces dentro de las propias bancadas. No se sabe por cuánto. Proceder con estos textos derivaría, de manera inevitable, en batallas de lobby descontrolado y bloques al borde de la ruptura, con gobernadores y curiosos personajes -algunos, marginales- dispuestos a hacer todo para no tocar ni una coma a las reglas vigentes. Son, en un futuro que -a veces- se repite como “loop”, los primeros que denuestan el statu quo.
La Cámara alta tiene pendiente la resolución de la propuesta de María Paz Bertero, de extracción kirchnerista, como nueva Defensora del Niño. La Casa Rosada y libertarios del Congreso hicieron todo mal para dejarle la victoria en bandeja al cristinismo, que selló un pacto a cara descubierta con la diputada radical Natalia Sarapura (Jujuy) para quedarse con un sitial más que deseado por la caja y estructura que implica su funcionamiento. Un adjunto quedó para el centenario partido, que sufre por la pésima praxis de algunas de sus autoridades.
Hay otro puesto trascendental, que es el del Defensor del Pueblo. Aquí, la oposición también aceleró el procedimiento. Como siempre, aparecieron candidatos trillados. Sin embargo, en los últimos días creció la postulación de Gonzalo Condis, un politólogo con posgrado en Washington que trabajó años atrás en INADI, PAMI y que hoy revista como director de proyectos del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires. Requiere de un consenso muy amplio en ambas Cámaras. Ya hay gobernadores y vice que acompañan. Resta que el diablo no meta la cola.
Otra estantería inmovilizada es la Auditoría General de la Nación (AGN). Es el órgano por excelencia de control externo sobre los gastos del Estado. La entidad está conformada por seis auditores -tres en representación de Diputados, tres por el Senado- que hace meses no existen, gracias a la falta de acuerdo entre las bancadas del Congreso. El séptimo integrante es su titular y legislador porteño electo del kirchnerismo light, Juan Manuel Olmos. Comanda, en soledad, un lugar más que importante. El Ejecutivo sigue sin opinar de estos huecos institucionales. Y ni siquiera se mencionó al Presupuesto 2026, que muy probable sea resuelto con una nueva conformación del Congreso.
