Tan sólo diez años le costó al Congreso reanudar la actividad de la comisión bicameral de seguimiento de privatizaciones. Con las intenciones frescas del Gobierno libertario avaladas por la ley bases y, ante eventuales escenarios de ventas, la oposición ya preparó un documento para que el Ejecutivo informe sobre siete empresas, con Nucleoeléctrica a la cabeza.
Sin objeción alguna, los integrantes propusieron como presidente al experimentado senador Juan Carlos Romero (Salta), a quien se le acaba su mandato en diciembre próximo. El cristinismo logró ubicar en la vice a la diputada santacruceña Ana María Ianni, que tiempo atrás estuvo como miembro de la Cámara alta.
Tras la elección de autoridades, Romero fue al nervio central del encuentro, luego de recordar que los legisladores aguardaron “casi dos años” para conformar la comisión en cuestión. Según el salteño, la misma “tuvo, con la reforma del Estado -en referencia a la década del 90-, un rol importantísimo”, y que su “tarea no es de seguimiento, ya que no es que dependa de nosotros el resultado del proceso”. Para él, la finalidad es “seguir lo más transparente posible para que este Cuerpo y la ciudadanía sepan lo que está pasando”.
“Lo que menos podemos hacer es opinar si no tenemos recabada información”, sentenció Romero, y aclaró que los reclamos de datos podrán ser por escrito o con citación de funcionarios. En este sentido, explicó: “Después, sí, la comisión puede emitir dictamen. Es conveniente que haya un dictamen, por más que la ley no diga que es vinculante. Y puede ser mayoría o minoría, pero no dejan de ser voces respecto a un proceso determinado”.
El documento está direccionado hacia Intercargo, Belgrano Cargas y Sociedad Operadora Ferroviaria, Corredores Viales, Yacimientos Carboníferos Río Turbio, Nucleoeléctrica y Aysa. El séptimo ítem, según indicó el salteño, sería Energía Argentina SA, que “incluye centrales hidroeléctricas con concesiones que están vencidas o por vencer”.
Minutos después, Romero detalló qué pretende la comisión sobre Nucleoeléctrica: el motivo por el cual se habla de un 44%; entidad bancaria que realizará la tasación; valuación de activos complejos y flujos; metodología para definir un valor cuantificable; evaluación del “conocimiento” de la empresa, la licencia social de operación, para que la misma se vea reflejada en el precio base; destino de fondos que se obtengan ante una potencial venta; distribución de directorio; estatuto y cláusulas que protejan o requieran el voto del Estado; y política de uranio y abastecimiento.
Como era esperable, las primeras observaciones llegaron desde el kirchnerismo. Por caso, el jefe del Frente de Todos en la Cámara alta, José Mayans (Formosa), calificó de “tema estratégico para el país” y sugirió avanzar rápido en Diputados y el Senado. “Hay más de 70 años de inversión en todo esto”, dijo, y añadió que, más allá de la bicameral, mañana habrá un plenario para tratar la declaración de “interés público y estratégico no enajenable el Desarrollo Nuclear Argentino vinculado con el uso pacífico de la energía nuclear y las radiaciones ionizantes de conformidad con los Tratados Internacionales en materia nuclear suscriptos por la República Argentina”.
Tras Mayans, Ianni y su compañera de bancada Julia Strada aportaron lo suyo. La última, que intentó sin éxito desviar la atención de la reunión hacia una citación exprés al ministro de Economía, Luis Caputo, también quiso resaltar los años superavitarios en la temporada 2023 de empresas públicas -no habló de años anteriores- y reflexionó que no tiene sentido vender las que dejen utilidades al país.
Quien le refrescó a Strada la política de ventas durante el menemismo y posteriores estatizaciones de su mismo partido -el PJ que regentea, desde su prisión domiciliaria, Cristina Kirchner– fue el titular del radicalismo en el Senado, Eduardo Vischi (Corrientes), quien aseveró la necesidad de “sacarnos la ideología y pensar en una estrategia de mediano y largo plazo”.
