La Auditoría General de la Nación (AGN), el órgano de control externo por excelencia de los gastos del Estado, se encuentra golpeada desde el año pasado, cuando finalizaron los mandatos de los tres integrantes designados por Diputados y, desde marzo del corriente año, por la repetición de dicha situación en el Senado y la presencia sólo de su presidente, el peronista Juan Manuel Olmos, el séptimo lugar de la plana principal del organismo. Ante la indefinición e insólitas iniciativas -como la reciente del libertario Martín Menem- para reformar a dicha entidad, el Gobierno no descarta la utilización de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para saldar el asunto.
De concretarse esta idea, el Congreso quedará con el registro de un nuevo fracaso y un regalo para nada menor al Gobierno, que aprovechará la ocasión para despotricar contra la “casta”. En medio del desconcierto, en Diputados y el Senado se acrecentó una gran ensalada donde aparecen proyectos de ley, pícaras roscas entre opositores y zigzagueantes “dialoguistas” para dejar al oficialismo con la menor representación posible en la AGN, y los beneficios de jugosos sueldos en el organismo que comanda Olmos, a quien le corresponde la titularidad por haber sido designado por el bloque con mayor representación en el Congreso, como plantea la normativa actual. Eso, hasta ahora, es lo único que se salva de la irregularidad.
Quien advirtió desde hace meses con las ahora esquirlas de la granada que ya estalló fue el diputado del peronismo disidente Miguel Pichetto. Su bancada, Encuentro Federal, no perdió tiempo y comenzó a negociar con el kirchnerismo y silvestres provinciales para repartirse dos integrantes y dejar a La Libertad Avanza, la UCR y el PRO con uno solo y una guerra casi asegurada. Es por ese motivo que el lunes último, previo a la fallida sesión del miércoles en la Cámara baja del miércoles -no hubo quorum-, el titular de la misma, Martín Menem, dio a conocer un proyecto firmado por él y otros libertarios que, entre otras cosas, modificaba la integración de la AGN: cuatro para ellos y dos para el Senado. “Delirio” y “locura”, fueron las definiciones a Infobae de dos representantes de bloques importantes en la Cámara alta, al ser consultados sobre el texto en cuestión.
“Si Diputados avanzaba el miércoles, nos obligaba a apurar una sesión acá para dar luz verde a los del Senado. El tema es que el Frente de Todos viene de darnos dos piñas por Corte Suprema y Ficha Limpia y, tranquilamente, podría convencer a otro bloque para quedarse con dos de los tres lugares. Si ocurriera lo mismo del otro lado -en referencia a la Cámara baja-, quedaríamos casi sin representación y una mayoría peronista. Por eso la idea del DNU: llevamos a cuatro y cuatro, intentamos perder lo menos posible y resolvemos. Se lleva el DNU para que algún recinto lo blinde y ese mismo día se votan los integrantes con el mayor acuerdo entre bancadas, siempre y cuando se convierta en realidad. Si no, se peleará como sea. Y los mandatos no pueden ser de ocho años, así como tampoco sueldos extravagantes”, manifestaron desde La Libertad Avanza a este medio.
Las opciones en el Senado
Hay dos proyectos que cobraron vida e involucran a dos experimentados: el Frente de Todos, José Mayans; y el peronista disidente Juan Carlos Romero, de la bancada Provincias Unidas. Ambos comparten la disminución de los mandatos, que pasarían de ocho a cuatro años, con posibilidad de reelección. Es decir, actualizados a la realidad de los gobiernos y renovaciones parlamentarias, en general. Un ítem con leves diferencias apunta a la remuneración de los auditores: el del formoseño habla de ser “equivalente” al de legisladores -sin aclarar cuáles y genera una duda, dada la diferencia entre las dietas de Diputados y Senadores en la actualidad-, mientras que el segundo impone que no perciban “un monto mayor a la dieta percibida” por los integrantes de la Cámara alta, hoy en más de $9,1 millones en bruto.
El texto de Mayans -acompaña la bonaerense Juliana di Tullio– propicia la ampliación de siete a nueve miembros -se incluye la Presidencia-, mientras que el de Romero sostiene la integración vigente. Según pudo saber Infobae, la Casa Rosada dio a entender, semanas atrás, que prefería en este sentido el de Romero. No obstante, quienes llevan mucho tiempo en el Congreso insinúan por lo bajo que no es para nada descabellado contemplar la iniciativa del formoseño.
Alejada de todas estas cuestiones se encuentra la vicepresidenta, Victoria Villarruel, recluida, sin contacto con la Casa Rosada -comunicaciones a través de intermediarios- y con una seguidilla de traspiés en su propio terreno. En las últimas semanas y, tal como contó este medio días atrás, aplicó mazazos a parte de su equipo y premió a aduladores con elefantiásicas estructuras, así como un festival de nombramientos para mirar con lupa. Ya son muchos los que creen que los cambios que vinieron serán para peor.
En la bandeja de inconvenientes sin solucionar se incluye el malestar de los empleados legislativos por diversos motivos, y con los gremios -el principal es APL, de Norberto Di Próspero– muy callados -recién empiezan a asomarse quejas- y con ayuda de los propios legisladores, como Pichetto en la última sesión. “No se sabe si a los sindicatos le regalaron de nuevo la obra social (DAS), después de haber peleado durante meses para cambiar algo”, sentenció un agente relacionado con el tema.
Antes que finalizara la semana, y tras dar vueltas durante largos días, la peronista disidente y titular de la comisión de Asuntos Constitucionales, Alejandra Vigo, convocó a un plenario junto a la de Justicia para debatir un lote de iniciativas para modificar la Corte Suprema. Será el miércoles, desde las 13. Hay varios legisladores que desconfían de los intereses reales de la cordobesa y siguen de cerca el asunto.
Tras dicha reunión, el Cuerpo que preside seguirá en soledad otro encuentro para analizar los proyectos sobre la AGN. Si la discusión llegara a trabarse, se forzaría la definición bajo la normativa vigente: tres por diputados, tres por el Senado y el comando de Olmos. O un DNU para modificar su integración y duración de mandatos.
