La falta de consenso político y la intransigencia del Gobierno a la hora de elegir a los candidatos motivaron que la Corte Suprema de Justicia volviera a funcionar solamente con tres integrantes, una situación atípica que pareciera que no se va a resolver en los próximos meses y que afecta también a las vacantes en los tribunales inferiores, que permanecen sin ser rellenadas.
De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes al tanto de la cuestión, las autoridades nacionales no tienen previsto enviar a los candidatos para cubrir los espacios vacíos en el resto del Poder Judicial, hasta tanto no se logre un acuerdo para los reemplazantes de Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco.
Tras haber fracasado todas las negociaciones con la oposición, el presidente Javier Milei aprovechó un breve receso en el Congreso a principios de este año para nombrar por decreto a Ariel Lijo y a Manuel García-Mansilla.
Sin embargo, el cuerpo le tomó juramento solamente al segundo de ellos, debido a que el juez federal se negó a renunciar a ese cargo por temor a que rechazaran su pliego una vez que el Senado volviera a sesionar.
De todas formas, cuando comenzó el nuevo periodo legislativo, el peronismo logró reunir a la mayoría necesaria como para rechazar también la postulación del académico, que ante este escenario optó por renunciar, habiendo cumplido tan solo unos días en ese puesto.
De esta manera, en la actualidad la Corte volvió a tener solo tres miembros, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, razón por la cual en ocasiones deben solicitar la participación temporal de un cuarto magistrado para resolver determinadas cuestiones.
Esta es una solución que el propio Gobierno considera como “un parche” y que “no se puede sostener en el tiempo”, aunque responsabilizan al Senado por no haber aceptado a los candidatos de Milei: “Si les preocupa, deberían dejar de obstaculizar a las personas que propone el Presidente”, sostuvo un dirigente que compone la mesa chica del jefe de Estado.
Por el momento, las autoridades nacionales no tienen previsto enviar nuevos pliegos a la Cámara alta, al menos no hasta que haya una nueva composición en el recinto a partir de las elecciones de este año.
A fines del 2024, cuando el peronismo ya anticipaba su rechazo a Lijo y García-Mansilla, el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, cercano al asesor presidencial Santiago Caputo, tenía en carpeta una alternativa con otros dos jueces, ambos con perfiles muy libertarios: Ramírez Calvo y Ricardo Manuel Rojas.
El primero de los reemplazos fue recomendado por el propio García Mansilla, que trabajó a su lado durante algunos años, mientras que el segundo es un ex juez penal bien ponderado por el estratega político del Gobierno.
De hecho, Rojas fue uno de los nombres que circularon para la Procuración del Tesoro, pero luego de una reunión, Caputo consideró que no era la persona indicada para ese puesto, que terminó en manos de Santiago Castro Videla. Sin embargo, incluso en aquel momento, anticiparon que el ex magistrado podría ser propuesto para otro cargo en el futuro.
Sin una definición sobre este punto, también se mantiene congelados los candidatos para cubrir el resto de las vacantes existentes en el Poder Judicial, algunas de las cuales son lugares sensibles, como es el caso de la Cámara Federal de Casación Penal.
Las autoridades nacionales consideran que “ambas son cuestiones vinculadas a una misma discusión”, por lo que no se avanzará con una si no hay consenso para la otra.
En el 2023, apenas comenzó la gestión, Milei decidió retirar el pliego del juez Daniel Rafecas para la Procuración General y otras 62 propuestas de jueces, fiscales y defensores oficiales que habían sido enviados al Senado durante la administración de Alberto Fernández.
Posteriormente, junto a los pliegos de Lijo y García-Mansilla, el Poder Ejecutivo presentó una lista con 150 aspirantes a ocupar las vacantes en el Judicial, que es del 30% para jueces y 50% para fiscales desde 2018.
De acuerdo con datos del Consejo de la Magistratura a los que accedió este medio, hay casi 400 lugares para cubrir, de los cuales 71 todavía están en concurso, 134 están en trámite en este organismo y 184 están siendo analizados por el Gobierno, aunque ninguno llegó al Senado.
En Casación, por ejemplo, hay sillas vacías en la Sala III, correspondientes a las vocalías Nº 8, 9 y 10, algo que ocurre también en la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital.
A principios de mayo, el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES) manifestó su preocupación ante la situación que atraviesa el sistema judicial argentino, tanto en los tribunales como en el Ministerio Público Fiscal.
Según esta entidad, entre estas consecuencias negativas se encuentran: el retraso en la administración de justicia, afectando el derecho de los ciudadanos a obtener una resolución en tiempo y forma, la sobrecarga de trabajo de los magistrados y fiscales en funciones, y el incremento del sistema de subrogancias, que resultan una solución temporal, pero no garantizan la estabilidad ni la independencia necesarias.
