En las universidades estadounidenses, el alumnado y profesorado extranjero no respira tranquilo. La comunidad académica escucha con temor entre los pasillos cómo este ha perdido su visado o aquel ha sido devuelto a su país de origen. En algunos casos, la universidad les informa directamente por correo electrónico: “Tres estudiantes han sido expulsados del país con revocaciones de sus visados”. Es uno de los múltiples mensajes que ha recibido Berna León tras su llegada como profesor visitante a la universidad de Harvard, que ha recomendado a todos sus miembros internacionales que no salgan del país. También, que lleven consigo toda la documentación necesaria para acreditar que su estancia en EEUU es legal “por si te para ICE [Servicio de Control de Inmigración y Aduanas]”. “Ese es el nivel de preocupación, sentir que te hace falta una especie de salvoconducto para justificar que estás aquí legalmente”, cuenta León a Infobae España.
Pocas personas se atreven a denunciar este problema en público. Tienen miedo de que, como a Rumeysa Ozturk, se les detenga por sus opiniones políticas y se les revoque el visado, pues “una visa es un privilegio, no un derecho”, tal y como dejó claro la portavoz de Seguridad Nacional de EEUU, Tricia McLaughlin. Berna León, sin embargo, ha hablado sin tapujos. El doctor español publicó en The Guardian un texto titulado ’Este artículo de opinión podría llevarme a ser deportado de EE.UU’ (This op-ed could lead to me being deported from the US). En él, criticó el arresto de Ozturk y el ambiente de miedo y censura que se vive en el mundo académico estadounidense desde la llegada de Trump. Tiene poco que perder: “Me quedan dos meses aquí”, comenta, aunque quizás ni los termine. Tiene un viaje en mayo y no sabe si le dejarán volver a entrar al país.
Martín García, sin embargo, prefiere no dar su nombre verdadero. Sus abogados le han aconsejado que no dé ninguna opinión política en público, tampoco en sus redes sociales, ante el riesgo de que revoquen su visado. Llegó a Estados Unidos hace diez años, con el primer mandato de Trump, y ha pasado por diversas universidades de la costa este y oeste hasta conseguir un puesto de profesor universitario, en el que ha trabajado en pos de la diversidad en la ciencia. Ahora ha borrado la mitad de su currículum y ha retirado su nombre de organizaciones y publicaciones para intentar no perder financiación estatal. Las palabras “mujer”, “cambio climático”, “género”, “discapacidad” o “etnia” han sido vetadas por la Administración Trump, que ha pedido a miles de investigadores cesar sus trabajos si están relacionados con estas temáticas.
Ya en 2016 “había una desaceleración del dinero que había para la ciencia, en comparación con el mandato de Obama”, cuenta por teléfono a Infobae España, pero nada comparado al escenario actual, añade. Una censura que no solo denuncia García: más de 1.900 científicos de renombre firmaron una carta abierta a la ciudadanía para advertir del “peligro real” que supone el “ataque sistemático contra la ciencia” del nuevo presidente. “Hay un ataque directo a todo el sistema universitario estadounidense. Se ha marcado en ellos un enemigo interno”, afirma el profesor, y el objetivo está especialmente “en los estudiantes e investigadores internacionales”, asegura.
“Castigo ejemplar” a la oposición política
El Gobierno americano lleva años deportando inmigrantes ilegales, pero el mandato de Trump ha recrudecido la práctica para llevarla a cabo de forma rápida, aunque lleve a error o a violaciones de los derechos humanos. Ahora, ICE tiene a la academia en el punto de mira, pero la estrategia en este caso parece diferente, según León. “No es asegurarse de que el régimen de inmigración se cumpla, sino que tiene más que ver con la represión de la disidencia, el silenciamiento de quienes son más críticos con la Administración Trump”, asegura. “No hay que olvidar que Ozturk y todos los estudiantes que han sido detenidos o cuyas visas han sido revocadas son inmigrantes, como en mi caso, legales“, puntualiza. Pero los visados son ”un privilegio», como decía McLaughlin, “y los privilegios pueden ser revocados sin necesidad de supervisión judicial, y eso es lo que está argumentando la Administración Trump”, apostilla León.
“La administración es perfectamente consciente de que la universidad cumple un rol especial en esta responsabilidad de oposición, igual que siempre lo ha hecho a lo largo de la historia”, reflexiona, con Mayo del 68 o las manifestaciones contra la guerra de Vietnam en mente. “Las protestas universitarias tienen una resonancia especial y eso lo saben”, añade.
El movimiento estudiantil por excelencia en el último año ha sido en defensa de Palestina con la vuelta de las hostilidades tras el 7 de octubre de 2023. En este escenario, la lucha contra el antisemitismo en los campus se ha vuelto la excusa para justificar la intervención estatal en las universidades. Algunas han prometido colaborar con las autoridades para investigar estos hechos, e incluso Harvard prometió cooperar en un primer momento, pero la institución ha dado un giro en los últimos días.
El pasado viernes 11 de abril, la Administración actualizó los requerimientos que debía cumplir Harvard si quería mantener la financiación federal. “Esto deja claro que la intención no es colaborar con nosotros para abordar el antisemitismo de forma cooperativa y constructiva“, sino ”una regulación gubernamental directa de las condiciones intelectuales en Harvard”, valoró la universidad en un comunicado, que ha dejado claro que “no renunciará a su independencia ni a sus derechos constitucionales”.
MIT ha seguido los pasos de Harvard y ha anunciado que se querellará contra el Gobierno, pero no todas las instituciones actúan por igual, lo que incrementa el miedo entre su comunidad. “He visto a parejas que están acojonadas por sus países de origen o por haber participado en las protestas por el genocidio en Gaza”, asegura León.
Toda precaución es poca para sus compañeros, que cada mañana cambian su ruta de casa a la universidad o viceversa para evitar que, al igual que a Ozturk, ICE les detenga en medio de la calle. Otros han solicitado que se borren sus artículos de medios internacionales, críticos con el Gobierno estadounidense, o incluso mensajes de WathasApp, por miedo a las represalias. “Estamos viendo un ataque de los llamados defensores de la libertad de expresión hacia un grupo muy determinado y, además, con el objetivo de llevar a cabo una serie de castigos ejemplares”, expresa.
Huir del país en 72 horas
El riesgo de ser deportado es real para los académicos extranjeros, sin importar que tengan los permisos en regla. Por eso, empresas y universidades, incluido el centro en el que trabaja García, han recomendado a sus trabajadores y alumnos que no salgan del país, ante el riesgo de que no les permitan volver a entrar. “En la frontera pueden, como se ha comprobado, requisarte el móvil o tus dispositivos personales y mirar tus chats a ver qué opiniones políticas tienen”, dice el profesor. Se refiere con estas palabras al científico francés al que vetaron la entrada al país por haber criticado al gobierno estadounidense en conversaciones privadas con sus colegas.
“Según la Administración, cualquier conversación relacionada con terrorismo o que pueda ir en contra de los valores americanos puede hacer que no te dejen entrar, es un concepto muy amplio y no sabemos lo que significa”, explica García. Una vez denegada la entrada al país, es prácticamente imposible que vuelvan a concederte un visado, pues es una de las preguntas requeridas para obtener el ESTA (permiso electrónico para viajar a Estados Unidos).
Por eso, tanto él como otros compañeros tienen un plan para abandonar el país en 72 horas, en caso de que por alguna razón le llegasen a revocar la visa. En ese hipotético caso, quedarse en el país sería un riesgo, pues podría acabar detenido por ICE y ser enviado a un campamento de deportación, donde puede pasar hasta medio año a que sus abogados consigan contestar la expulsión. “Esto no es un cuento, está pasando todo el rato a estudiantes internacionales, a turistas canadienses o alemanes”, dice.
Europa saca tajada
A García, Estados Unidos le encanta y ha pasado 10 años por construyendo una vida allí. Pero ahora prefiere marcharse, el estrés que le provoca la situación actual es demasiado grande. “Ahora me dices que ha salido una posición en Suiza, en Francia o en Portugal a la que podría presentarme y te digo, pues mira, mañana aplico”, afirma. Europa esto lo sabe y se ha puesto las pilas para atraer el talento científico que huye de EEUU.
Por el momento, los ministros de ciencia de 10 países europeos, entre ellos España, han pedido a la UE que dedique fondos y esfuerzo para atraer el talento que se marcha de América. Mientras tanto, aprueban programas de reclutamiento o incentivan los ya existentes para que los investigadores puedan venir cuanto antes. En Francia, el programa PAUSE da acogida a científicos y artistas en el exilio y ahora, el expresidente François Hollande y actual diputado de la Asamblea Nacional ha propuesto crear el estatus de refugiado científico justamente para facilitar la llegada de académicos estadounidenses.
España no se queda atrás: en Cataluña, Salvador Illa destinará 30 millones de euros para establecer el programa Catalonian Talent Bridge, que ofrecerá 78 plazas entre 2025 y 2027 para investigadores estadounidenses. Por su parte, el Gobierno nacional invertirá 135 millones de euros en los próximos tres años para atraer “a líderes internacionales en líneas de investigación de alto impacto social”. Por el momento, ya ha destinado 42,1 millones de euros para consolidar la carrera de 221 investigadores postdoctorales nacionales o extranjeros en instituciones del sistema español de I+D+I.
