Luego de la declaración del expresidente Alberto Fernández, su secretaría María Cantero y el broker Héctor Martínez Sosa, continúa la ronda de indagatorias ordenada por el juez Julián Ercolini en el marco de la causa por los seguros. Este miércoles es el turno de la primera línea de exfuncionarios implicados en la presunta maniobra de direccionamiento en las pólizas de organismos del Estado.

Desde las 11 de la mañana declara Alberto Pagliano, expresidente de Nación Seguros, que como parte de su indagatoria presentó un escrito. A raíz del decreto firmado por Fernández en diciembre de 2021, las distintas dependencias estatales estaban obligadas a asegurarse a través de la entidad que encabezó Pagliano durante el periodo investigado por la Justicia. “Trabajé con él muchos años y lo nombré en Nación Seguros”, relató Fernández, ante una pregunta de su defensora Mariana Barbitta, el martes, en su indagatoria.

Antes de Pagliano fue el turno de Carlos García Argibay, quien abrió la jornada a las 10. Fue director de Nación Seguros. Al igual que Fernández, Martínez Sosa y Pagliano, aportó un escrito y no contestó preguntas ni del juez ni del fiscal.

“La designación de García Argibay, como así también su permanencia en el cargo, habría respondido a la intervención de Martínez Sosa sobre la decisión en razón de ello de Alberto Ángel Fernández y Alberto Pagliano. A partir de la conformación del directorio, Pagliano y [Sebastián] Díaz Bancalari habrían diseñado e implantado el mecanismo de direccionamiento de las designaciones de intermediarios en los seguros de los organismos públicos”, dice la acusación del fiscal Rívolo.

En su indagatoria de este jueves, el bróker negó ser amigo de Pagliano y haber ejercido alguna influencia sobre él. “Si bien no somos amigos, nos conocemos hace muchos años porque ambos tenemos una trayectoria en el mercado asegurador. Pero de ninguna manera ejercí una influencia sobre él mientras cumplía sus funciones en NS [Nación Seguros]”, señaló en el escrito.

También fue citado para hoy Federico Alejandro D’Angelo Campos, exdirector del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS), dependiente de la Anses. Con él se cierra la lista de indagados del día.

La acusación que cae contra todos ellos es la de haber intervenido de forma coordinada, entre 2019 y 2023, en “un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos por medio del irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros tomados por distintas reparticiones públicas en Nación Seguros.

Decreto 823

El expresidente aseguró el martes pasado que su resolución apuntaba a terminar con la “cartelización” de los contratos de seguros. Según afirmó, hasta el decreto de la polémica, por el cual está implicado en la maniobra, el Estado se aseguraba con empresas privadas, las cuales se repartían entre ellas las dependencias del Estado simulando licitaciones. Además, usaban productores de seguros como intermediarios.

El decreto 823 apuntó a terminar con esos “negocios espurios” centralizando todo en Nación Seguros, según afirmó en el escrito. “El estado tenía una empresa de seguros que operaba en el mercado como cualquier otra, y pensamos que ésa era la mejor forma de optimizar los recursos del estado, en lugar de pagarle a empresas privadas”, afirmó en el escrito.

Como parte de esa decisión, habilitó también que la firma estatal pudiera repartir los riesgos con un reaseguro. “¿Por qué digo que autoricé expresamente que Nación Seguros pueda coasegurar? Porque los riesgos del estado son muy variados y pueden ser muy altos, y una empresa puede no soportarlos. El coaseguro permite distribuir riesgos entre varios”, sostuvo. Dijo que se trató de una “decisión política” que no podía ser judicializada.