La propuesta migratoria de Donald Trump para su nuevo mandato ha generado debates sobre la viabilidad de implementar deportaciones masivas, tal como lo prometió durante la campaña electoral. En el centro de este enfoque se encuentra el ya famoso Proyecto 2025, un plan diseñado por el ala más conservadora del Partido Republicano, que busca rediseñar profundamente las políticas en esta materia.
El Proyecto 2025 propone una transformación estructural del sistema migratorio estadounidense, orientada hacia una política de “tolerancia cero”. Entre las medidas más destacadas está la aceleración de deportaciones de indocumentados y personas con antecedentes criminales, así como la revisión de beneficios migratorios existentes, como la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) y el parole humanitario.
Los autores del proyecto sugieren el uso intensivo de acciones ejecutivas para superar las limitaciones impuestas por el Congreso, lo que le otorgaría al presidente una mayor autoridad en la ejecución de políticas migratorias, indicó Univision. La prioridad de la nueva administración sería deportar entre 1 y 1,5 millones de inmigrantes, además de cancelar programas como los mencionados anteriormente.
La herramienta clave: la Ley de Inmigración y Nacionalidad
Los opositores del actual gobierno de Joe Biden piensan ampararse en herramientas legales como la Sección 243(d) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés). Este capítulo emerge como una pieza central en este plan, ya que permite al gobierno estadounidense imponer sanciones a los países que se nieguen a recibir a sus ciudadanos deportados.
“Las sanciones de visado deben ser aplicadas de manera rápida y completa. Los países recalcitrantes que no acepten la recepción de sus nacionales devueltos correrán el riesgo de la suspensión de la emisión de todos los visados de inmigrante, todos los visados de no inmigrante, o de todos los visados en general”, señala el texto oficial del Proyecto 2025. Y agrega que “estas medidas específicas deben mantenerse hasta que el país sancionado acepte el regreso de todos sus nacionales pendientes de remoción y se comprometa formalmente a aceptarlos regularmente en el futuro”.
Países que no reciban deportados “perderán el acceso a EE.UU.”
Más adelante, el informe señala que “la implementación estricta de esta ley demostrará ante la comunidad internacional la seriedad que hasta ahora ha faltado, mostrando que otras naciones deben respetar las leyes de inmigración de EE.UU. y colaborar con las autoridades federales para aceptar a los nacionales retornados, o perderán el acceso a los Estados Unidos”.
De aplicarse esta medida, las restricciones afectarían visas populares como la B1/B2 (para turismo o negocios), la H1B (para trabajadores profesionales) y la J (para estudiantes y programas de intercambio).
Cuba y Venezuela, entre los países “recalcitrantes”
En la actualidad, hay varios países clasificados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) como “recalcitrantes” debido a su falta de cooperación en los procesos de deportación. Entre ellos se encuentran Cuba, Nicaragua, Venezuela y una lista de otras naciones que incluye Afganistán, China, Somalia y Zimbabue, entre otros.
Estos desacuerdos plantean desafíos diplomáticos significativos para la administración de Trump, ya que imponer sanciones podría deteriorar las relaciones internacionales y generar tensiones comerciales y políticas.
