Dos jueces de tribunal oral con larga trayectoria judicial, que tienen en común haber absuelto a Cristina Kirchner en la causa por la firma del Memorándum con Irán, y un fiscal designado en épocas de la procuradora general Alejandra Gils Carbó lideran el concurso para ocupar tres vacantes en la estratégica Cámara Federal de Casación, el tribunal penal mas importante por debajo de la Corte.

La primera postulante es la jueza de tribunal oral Gabriela López Iñiguez, que obtuvo 166,75 puntos en el concurso, compuesto de 86,75 en el examen de oposición y 80 puntos por antecedentes. Le siguieron el juez José Michilini, con 95,95 puntos por antecedentes y 70 en el examen de oposición, lo que hace un total de 165,95 puntos, y el fiscal Leonel Gómez Barbella, con 154,5 puntos (84,5 en antecedentes y 70 en el examen de oposición).

Esta lista de tres no es definitiva, ya que se analizarán impugnaciones a la evaluación de los antecedentes. Luego deben celebrarse audiencias personales, entre los primeros 20 candidatos y seguramente cambiarán de nuevo los lugares. Además, rige el cupo de género: en este caso debe haber tres ternas y una lista complementaria. En cada terna debe haber una mujer, con lo que la candidata que está décima, por ejemplo, Jimena Monsalve, jueza de ejecución penal y candidata por la lista Compromiso Judicial, tiene opciones de integrar una terna. Lo mismo ocurre con la siguiente candidata mujer, la defensora oficial Pamela Bisserier. El requisito es que deben tener al menos 50 puntos en el examen de oposición.

La lista de mérito está integrada, además, por el juez Fernando Machado Pelloni –que entre sus últimos fallos se cuentan la condena a Ricardo Echegaray y la absolución de Cristóbal López–, Marcelo Ferrante, Fernando Bellido y Mariano Pérez Roller, secretario del Consejo de la Magistratura.

Las tres vacantes por cubrir son las que dejaron por su jubilación los camaristas Eduardo Riggi, Liliana Catucchi y Ana María Figueroa.

Gabriela López Iñiguez

López Iñiguez es jueza de tribunal oral federal y entre sus fallos más trascendentes se cuentan haber sobreseído a Cristina Kirchner en la causa del Memorándum con Irán y una serie de condenas a exfuncionarios, como Amado Boudou (caso Ciccone) y Julio De Vido (tragedia de Once). También condenó a Ibar Pérez Corradi por la causa del tráfico de efedrina, ligada al triple crimen de General Rodríguez. En la causa de “La ruta del dinero K”, la jueza votó por la condena de Lázaro Báez y la absolución de sus hijas, en un voto donde se aplicó la perspectiva de género en delitos económicos de lavado, lo que motivó artículos de la academia.

López Iñiguez fue 13 años –entre 2003 y 2017– titular del juzgado N° 14 en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad. Había hecho su carrera antes en la justicia federal en el Tribunal Oral Federal N° 6. Es graduada en cursos de posgrado en Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Salamanca y realizó un posgrado de la Carrera de Especialización en Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la UBA.

Ejerció cargos en el Poder Judicial (desde meritoria hasta secretaria) en los fueros Penal, Económico y Federal, con desempeño en juzgados de primera Instancia de instrucción y de sentencia, en Fiscalía de 1ra. Instancia y en Tribunal Oral. Da clases en la UBA.

La jueza firmó dos sentencias que excarcelaron a Carlos Zannini y a Luis D’Elía, y cuestionó las prisiones preventivas decididas previamente en esos casos. Además, fue quien firmó el fallo que dejó en libertad a Boudou en 2018.

José Michilini

El juez Michilini también se desempeña en un tribunal oral federal desde hace 10 años, y cuenta con otra docena de años de experiencia como juez en la provincia de Buenos Aires, donde además se desempeñó en fiscalías y juzgados.

Entre sus fallos más trascendentes están haber votado por el sobreseimiento de Cristina Kirchner en la causa por la firma del Memorándum con Irán, haber condenado al exsecretario de Obras Públicas José López por los bolsos con 9 millones de dólares, haber votado en disidencia por la condena a Boudou por la inscripción irregular de un Honda cuopé, y por haber rechazado en disidencia el sobreseimiento de Cristina Kirchner en la causa de dólar futuro. Condenó a Carlos Menem y a Domingo Cavallo por la venta del predio de La Rural, fallo que la Casación revocó.

En una causa de lesa humanidad en La Plata, condenó a prisión perpetua a seis expolicías y a un exministro bonaerense por seis crímenes cometidos en la última dictadura, mientras una exsecretaria judicial fue sentenciada a 5 años de cárcel por la sustracción de la identidad de dos niños y una niña, hijos de una de las víctimas de asesinato, a quienes alojó en el hogar de menores de Banfield donde sufrieron golpizas y abusos sexuales.

La perpetua fue impuesta al exministro de Gobierno bonaerense Jaime Smart y a los expolicías Juan Miguel Wolk, Roberto Guillermo Catinari, Héctor Raúl Francescangeli, Armando Antonio Calabró, Rubén Carlos Chávez y José Augusto López.

Leonel Gómez Barbella

Gómez Barbella es fiscal federal. Ganó el cargo en General Pico, La Pampa, pero en 2014 la entonces procuradora general, Alejandra Gils Carbó, lo designó en Comodoro Py 2002. Tres meses más tarde, el fiscal solicitó la indagatoria de los dueños de los diarios Clarín y LA NACION en la causa que se investigó la compra-venta de Papel Prensa.

En la Universidad Nacional de Lanús integró la cátedra de Derecho Penal a cargo de Ariel Lijo. Como fiscal de la Ciudad, investigó el caso de Lucas González, muerto a manos de la policía. Entre sus antecedentes está la investigación de una causa por corrupción en General Pico contra dirigentes del peronismo acusados de un fraude con cloacas, y la investigación de un ataque con piedras la caravana en la que iba el entonces presidente Mauricio Macri en un viaje a La Pampa. En Buenos Aires tuvo intervención en la causa contra el intendente Fernando Espinoza de La Matanza, de quien pidió el sobreseimiento. Aparece su nombre en una de las primeras solicitadas de la agrupación kirchnerista Justicia Legítima.

El examen

El examen escrito se realizó en 2022; luego se presentaron los antecedentes. La consejera Vanesa Siley, diputada del kirchnerismo, los analizó durante dos años y conformó un lista que combina la nota obtenida en el examen de oposición más una valoración de los antecedentes. Los exámenes están protegidos por una clave que es secreta para que la corrección sea a ciegas. La semana pasada se develaron esas claves y se conocieron los nombres de los concursantes en el orden en que quedaron.

Los ahora realizarán impugnaciones y observaciones. En la próxima reunión de la Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura se deberá sortear una subcomisión para evaluar las impugnaciones. Allí puede modificarse este orden de la lista. Luego se realizarán entrevistas personales entre los candidatos y se conformarán los nombres de las tres ternas y una lista complementaria, por si hay candidatos que están en otros concursos al mismo tiempo.

Estas tres ternas deben ser votadas por la Comisión de Selección y luego obtener los dos tercios de los votos del Plenario del Consejo de la Magistratura para ser elevadas al Poder Ejecutivo. Luego, el Presidente elige un nombre de cada terna para enviarlo al Senado. Si el candidato del Gobierno obtiene mayoría de votos en el Senado, se convierte en juez o jueza de la Cámara Federal de Casación Penal.