El kirchnerismo dio muestras de acordar en la negociación para la integración de la Corte Suprema de Justicia al darle la novena firma que le faltaba al dictamen para designar al juez federal Ariel Lijo. Sin embargo, el Gobierno se muestra dispuesto a nombrar por decreto a Lijo y al académico Manuel García Mansilla, si la oposición no le da los votos en el Congreso para fin de año.
Esta semana, el avance se dio cuando la senadora kirchnerista por Catamarca, Lucia Corpacci, puso la novena firma y la última necesaria para el dictamen del pliego del juez Lijo en el Senado. Corpacci, distanciada del gobernador Raúl Jalil, es vicepresidenta del PJ. Acompañó en la elección interna a Cristina Kirchner y está casada con Ángel Mercado, sobrino de Armando “Bombón” Mercado, exmarido de Alicia Kirchner, cuñada de la expresidenta.
Con estas nueve firmas, el pliego el Gobierno estaría en condiciones de ser sometido a votación de los senadores, aunque no están actualmente garantizados los dos tercios de los votos necesarios para designarlo juez de la Corte Suprema.
El Gobierno sigue insistiendo con la idea de que avancen juntos los dos pliegos de Lijo y García-Mansilla. Pero este último tiene solo 6 firmas en su dictamen y es indigerible para el kirchnerismo.
La misma semana en que la justicia confirmó la condena contra Cristina Kirchner por la causa Vialidad, un enviado de la expresidenta visitó al asesor presidencial Santiago Caputo con la siguiente propuesta: el kirchnerismo estaba de acuerdo con apoyar a Lijo y ayudar a que el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, se transforme en Procurador, pero el oficialismo debía bajar el pliego de García-Mansilla y reemplazarlo por María de los Ángeles Sacnun, exsenadora de Santa Fe, valorada por Cristina Kirchner.
Caputo rechazó la oferta porque sigue siendo el objetivo del Gobierno que avancen juntos ambos pliegos, el de Lijo y García-Mansilla. Y se afirma en la decisión de enviar los pliegos de ambos por decreto cuando el Congreso entre en receso, como lo habilita el artículo 19 de la Constitución Nacional. Las sesiones ordinarias terminan esta semana. Los tiempos se acortan.
La amenaza de nombrarlos por decreto está más firme que nunca y, en efecto, Santiago Caputo tiene la convicción que en 2025 la Corte Suprema de Justicia tendrá cinco integrantes, a como dé lugar: Lijo y García-Mansilla llegarán con los votos del Senado o serán designados por decreto en comisión por un año.
En el Ministerio de Justicia, el viceministro Amerio que ejecuta las directivas de Santiago Caputo, tiene la instrucción de seguir con la estrategia inicial; reunir los votos de los senadores para los dictámenes y eventualmente conversar con el kirchnerismo para una eventual ampliación de la Corte Suprema a cambio de los votos necesarios para aprobar los nombres en el Senado.
Los escenarios que describen en el gobierno son tres: o los pliegos se votan en el Senado; o los pliegos se envían por decreto en el receso del Congreso; o se retiran, y esta última opción, no está en carpeta, por lo que se trabaja en las otras dos alternativas.
En el Gobierno, dijeron a LA NACION, que “la Corte no está diseñada para funcionar con tres jueces, es un esquema anormal, que no es deseable”. Se refieren a las dos vacantes que se abrirán a partir de diciembre, cuando se jubile Juan Carlos Maqueda. “La Corte no puede quedar incompleta; con tres jueces queda complicada en su funcionamiento porque obliga a recurrir a conjueces”, insistieron esta semana en la Casa Rosada para abonar la estrategia del nombramiento por decreto.
En el Poder Judicial relativizan esos problemas. Sostiene que la Corte tiene “aceitado” el sorteo de conjueces cuando no hay una mayoría para sacar los casos importantes.
No obstante, en la Casa Rosada responden que están dispuestos a utilizar todas las herramientas a su alcance para evitarlo. Por eso es una posibilidad cierta y firme: si no hay avances en los pliegos de García-Mansilla y Lijo en el Senado, serán nombrados en comisión por decreto.
La firma de Corpacci es la evidencia de que las conversaciones con el kirchnerismo siguen sobre la mesa. Una alta fuente del gobierno habló de intermitencias en la intensidad de las negociaciones.
Las charlas entre los enviados del kirchnerismo se dan con Caputo, mientras Amerio recibe y visita a gobernadores y senadores. Sobre todo, a aquellos senadores que responde necesariamente a un gobernador o donde perciben diferencias en el bloque de Unión por la Patria, donde una veintena dicen que tienen libertad de acción y no responden a Cristina Kirchner.
Mientras tanto, en el Palacio de los Tribunales, en el cuarto piso, los jueces de la Corte Suprema miran con expectativa las negociaciones políticas que se desarrollan en el Congreso y la Casa Rosada. Con Juan Carlos Maqueda ya de salida, les quedan cuatro semanas para firmar las sentencias, en las que tienen mayoría de tres votos.
De hecho este jueves pasado, en el último acuerdo, se firmaron mas de 600 fallos. Y se espera que las próximas semanas salgan fallos en causas complicadas y de impacto político o judicial, aprovechando que aún están los cuatro ministros en funciones.
Cuando se anunció el nombre de Lijo como candidato a la Corte, el Gobierno mencionó que quien acercó su nombre al presidente Javier Milei fue el juez de la Corte Ricardo Lorenzetti, que está enfrentado con sus colegas Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Maqueda. De hecho el propio Lijo trabajó para reunir los votos de los senadores.
Por eso ahora, ante la emergencia en que se encuentra el Gobierno, que ve acercarse a la próxima semana el fin de la sesiones ordinarias y esgrime la amenaza de los pliegos por decreto, murmuran en la Corte que “el estratega se equivocó”. El mismo optimismo tenía el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona.
